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El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, ordenó averiguar el secuestro y la posterior liberación de un empresario español, a manos de agentes de la subdelegación Simón Rodríguez del Cicpc.
La víctima es un comerciante residenciado en Caracas. Posee comercios en Margarita y posiblemente en Valencia. La justicia española lo requiere por presunta legitimación de capitales de la droga.
Sobre el caso se adelantan averiguaciones penales y administrativas. El empresario fue secuestrado por agentes de la policía científica y un civil que supuestamente fue el encargado de señalarles dónde vivía el extranjero con un nombre falso.
Pero los funcionarios no tramitaron la extradición o deportación del prófugo, sino que lo mantuvieron cautivo y presuntamente exigieron el pago de 2 millones de dólares.
El hombre dio un adelanto de 60.000 dólares. Pero les dijo que el resto debía buscarlo entre sus amigos. En ese proceso, su abogado denunció el caso en la inspectoría del cuerpo de seguridad.
El español fue dejado en libertad y ahora lo buscan para enviarlo a su país. El director del Cicpc, comisario general Marcos Chávez, informó que hasta ayer en la mañana no se sabía de su paradero. Indicó que cinco funcionarios han sido suspendidos por el caso, incluyendo al jefe de la sede policial, comisario Carlos Díaz.
Otras fuentes policiales dijeron que entre los imputados está el jefe de Investigaciones de la subdelegación, Miguel Suárez Mayo. REGRESAR |
| Fecha publicada: 12/05/2008
Fuente: El Nacional
Tema: gobierno
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