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Son necesarios los bancos. La población bancarizada del país (aproximadamente 40% de los habitantes de Venezuela según la Sudeban) sabe la importancia de tener una cuenta de ahorros o corriente, y de apuros de los que éstas te pueden sacar. Conoce la facilidad que dan para manejar el dinero día tras día. Pero también sabe que a la hora de hacer un reclamo, cuando muchos piden hablar con el gerente de la agencia, o llaman incesantemente a los operadores telefónicos, la cosa se complica y los invade un sentimiento de vulnerabilidad. Otros no dejan de dar la lucha aunque no siempre terminan favorecidos.
Existen organismos como el Indecu y la propia Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban), los cuales, a través de sus oficinas, atienden las denuncias de los usuarios del sistema financiero venezolano. El hecho de que el delito electrónico (la clonación de tarjetas y el fraude son los más comunes) esté presente, hace que otras organizaciones como la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) se unan a la defensa del débil de esta historia.
Un instrumento legal que vendría a revertir la vulnerabilidad del usuario ante las entidades financieras reposa entre el Ministerio de Finanzas y la Presidencia de la República.
La reforma a la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras lleva poco más de cuatro años rodando entre dependencias de la Asamblea Nacional y más recientemente entre comisiones del Alto Gobierno. Varios diputados han sido los que han tomado para sí la vocería y el debate sobre las modificaciones que se plantearon al estatuto, muchas de las cuales han creado rechazo entre los banqueros por aquello de no haber sido consultados antes de ponerlas en el documento.
El estatus actual del instrumento legal no es del todo claro. De acuerdo con la información suministrada por miembros de la comisión que discutieron la reforma, ésta estuvo lista en febrero pasado.
Hay quienes dicen (entre ellos parlamentarios de la Comisión de Finanzas de la AN) que incluso para noviembre de 2007 se había terminado la discusión sobre las modificaciones, por lo que aseguraron que la nueva ley sería de las primeras en salir del grupo de instrumentos legales que se le dieron al Presidente de la República para que las aprobara por decreto por medio de la Habilitante, mecanismo cuyo lapso de vigencia, por cierto, vence en julio próximo.
EL DÉBIL, EL FUERTE
Lo cierto es que, entre muchos de los cambios que la reforma a la ley plantea está la reversión de la carga de la prueba al momento de que algún usuario denunciara fallas en el manejo de su dinero. Un ejemplo típico: en estos momentos si algún tarjetahabiente se percata de que existe un consumo que no realizó, hace el reclamo ante el banco y éste, en un tiempo determinado, establecerá si la denuncia procede o no. Durante el lapso de las investigaciones, el dinero involucrado en la falta no es repuesto a la cuenta o a la tarjeta del usuario. Esto indica que el titular de la cuenta 'es culpable hasta que se demuestre lo contrario'.
La reversión de la carga de la prueba haría que el dinero que el cliente reclamó como no utilizado sea abonado a su cuenta hasta tanto se verifique si hubo o no un fraude o una clonación de tarjeta.
El débil jurídico, con este cambio, se convierte en el fuerte al ser 'inocente hasta que se compruebe lo contrario'.
Vale destacar que esta iniciativa fue incluida dentro del proyecto de Ley de Tarjetas de Crédito y Débito, que incluso fue aprobada pero nunca sancionada. Aunque recientemente, cuando un grueso de los diputados está inmerso en las elecciones de gobernadores y alcaldes, otros de la dependencia de Finanzas han aseverado que es necesario retomar esta discusión, aunque no se sabe la viabilidad de la propuesta, considerando que ésta sería parte de la reforma que realizó el Ejecutivo a la Ley de Bancos.
Panorama poco claro en este sentido también, incluso para los propios diputados como Darío Vivas, quien aseveró hace dos semanas que será necesario esperar a que culmine el plazo de la Habilitante para ver cuáles serán los debates que se realizarán en torno a este tema.
OTRAS MORAS
La regulación de absolutamente todas las comisiones que cobran los bancos por servicios es otra de las propuestas de lo que sería la reforma, la cual, según voceros del ministerio de Finanzas, tendría el nuevo nombre de Ley que Regula al Sistema Financiero Privado (se prevé sacar también una para la banca del Estado). Esta medida, si bien favorece a todos los usuarios del sistema, pues sólo pagarían un porcentaje establecido de la transacción que realice -el cual sería fijado por la Sudeban o el Banco Central de Venezuelarepresenta una amenaza para los bancos, cuyos voceros han aseverado que, de concretarse la inicia- tiva, bajaría en gran medida la calidad de las operaciones.
La principal causa para los diputados que propusieron esta medida es el hecho de que más de 75% de las ganancias del sistema provienen de las comisiones. 'El negocio de los bancos no fue creado para cobrar comisiones sino para la intermediación financiera. Se supone que las comisiones deben compensar los gastos que registran las entidades bancarias por los servicios', aseveró Rafic Souki, en febrero de 2006, al momento de ratificar la iniciativa que ya manejaba Ibrahim Velásquez cuando estuvo a cargo del proyecto de reforma.
El incremento de la garantía de los ahorristas que ejecuta el Fondo de Garantías y Protección Bancaria (Fogade), derivado del aporte que hacen las entidades financieras cada año, es otro de los tópicos a favor de los usuarios que prevé la reforma a la Ley de Bancos. Aunque no se ha dado a conocer de forma oficial hasta qué monto estaría cubierto, el propio presidente del Fondo, Humberto Ortega Díaz, informó el año pasado que éste podría ascender entre 20.000 y 25.000 bolívares fuertes, siendo la cantidad actual de Bs.F. 4.000.
Para ello, los bancos tendrían que aumentar también el desembolso a la institución de 0,5 a 1% anual del total de los depósitos.
LA GAVETA SÍ
La creación de una cartera de créditos obligatoria que atendiera las necesidades de financiamiento del sector industrial, era, en principio, una propuesta incluida en los cambios al mismo instrumento legal. Sin embargo, a principios de marzo de este año, el Ejecutivo decidió, vía decreto, el establecimiento de la gaveta para las actividades manufactureras, que vino a remplazar la iniciativa establecida en la ley que ya estaba lista.
Será necesario esperar a que transcurran los casi dos meses para que culmine la facultad del Presidente por la Habilitante para conocer a ciencia cierta si la ley será modificada o no. REGRESAR |
| Fecha publicada: 20/05/2008
Fuente: El Mundo
Tema: economia
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