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Un grupo de accionistas clase B de la Siderúrgica del Orinoco se reunieron en las afueras de la Corporación Venezolana de Guayana para protestar por la exclusión de la participación de sus representantes en las comisiones designadas por el Gobierno para la transición de la acería.
Pedro Rondón, representante de los accionistas clase B en la junta directiva de Sidor, explicó que una vez aprobado el Decreto Ley 6.058 (Gaceta Ofi cial número 38.928), se crearon varias comisiones para la nacionalización de la empresa.
De acuerdo con el decreto, se integrará una comisión de transición para garantizar la transferencia de las empresas filiales de Sidor al control del Estado. Tiene fecha de operación hasta el 30 de junio.
Se prevé la creación de otra comisión técnica, integrada por representantes del Estado y sector privado, para negociar por un período de 60 días el precio de las acciones que serán transferidas y acordar los términos y condiciones de la posible participación accionaria con las demás empresas.
El decreto también establece que si las partes no acuerdan las condiciones en el tiempo estipulado, el Ministerio de Industrias Básicas y Minería asumirá el control y la operación, y el Ejecutivo decretará la expropiación de las acciones.
Lo que preocupa a los accionistas clase B no es sólo la ausencia de sus cuatro representantes en las comisiones designadas, sino que a pesar de que no se ha determinado un criterio de evaluación de las acciones que serán traspasadas al Estado, el decreto señala que para el cálculo de la indemnización 'no se tomarán en cuenta ni los daños por lucro cesante ni los daños indirectos'.
'Es preocupante saber que el Estado venezolano no nos quiere tomar en cuenta a pesar de las inversiones que hemos hecho y de que somos dueños de 20% de la participación accionaria', señaló Rondón.
Entregarán un documento al presidente de la acería, Rodolfo Sanz, en el que exigen participación en la etapa de transición y respeto a la inversión. REGRESAR |
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