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El 26 de marzo, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el informe que declara la responsabilidad política del gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, por un daño patrimonial superior a los 200 millardos de bolívares. Cuarenta y ocho días más tarde, la plenaria del Parlamento ratificó la sentencia y cerró este caso.
La celeridad que en esta ocasión exhibió la AN contrasta con la lentitud que ha mostrado para castigar a casi medio centenar de cuestionados. En 2007, la Comisión de Contraloría finiquitó 23 averiguaciones e impartió sanciones políticas a 48 funcionarios, incluidos ocho alcaldes en ejercicio. Sin embargo, hasta la fecha, la Cámara aún no ha refrendado estas penas.
En las gavetas de la Secretaría del Poder Legislativo reposan los expedientes que incriminan al general Víctor Cruz Weffer; el ex presidente del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (Fondafa) coronel Abelardo Fernández; el ex ministro de Vivienda y Hábitat Luis Carlos Figueroa, y el actual decano del núcleo Caracas de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional, Emil Calles Paz, entre otros.
A la lista se suma el alcalde de Maturín y precandidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Gobernación de Monagas, Numa Rojas, a quien acusan de violar la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica de la Contraloría General por evadir los procedimientos licitatorios en la compra de equipos para el procesamiento de datos.
El alcalde de Boconó, Marcos Ojeda, quien pretende hacerse con la tarjeta del PSUV para luchar por la Gobernación de Trujillo, figura en la relación de censurados por la Comisión de Contraloría del Parlamento en 2007. La plenaria tampoco ha rubricado esta condena.
Ni tan ciega
Durante el debate que concluyó con la sanción a Giménez, varios diputados manifestaron que la AN no utilizaba la misma vara para medir a otros señalados.
El representante de Barinas, Wilmer Azuaje, reveló que en los pasillos del Palacio Federal Legislativo se hablaba de una 'retaliación' contra el mandatario de Yaracuy. Luego, Azuaje intentó aprovechar su intervención para criticar a la familia del presidente, Hugo Chávez, pero la jefa de la Cámara, Cilia Flores, no se lo permitió.
La Comisión de Contraloría venía estudiando la posibilidad de amonestar a Giménez desde finales de 2007. No obstante, en ese momento el investigado lideraba el Comando Zamora en Yaracuy, y hasta llegó a separarse de su cargo para dirigir la campaña a favor del proyecto de reforma a la Carta Magna.
En el primer análisis pesó el hecho de que el gobernador abandonó Podemos para inscribirse en el PSUV. 'Giménez debió quedarse en Podemos, así podía esgrimir en su defensa que estaba siendo víctima de una venganza política', advirtió después un legislador que también pasó de vinotinto a rojo.
El informe que culpa al mandatario de Yaracuy destaca que entre 2004 y 2005 dictó 15 decretos de emergencia 'que no cumplieron con los requisitos legales ni constitucionales'. En medio de la discusión que se desarrolló el 13 de mayo, la diputada Pastora Medina aseguró que el gobernador de Bolívar y aspirante a la reelección por el PSUV, Francisco Rangel Gómez, ha emitido 36 decretos de emergencia de forma irregular. REGRESAR |
| Fecha publicada: 23/05/2008
Fuente: El Universal
Tema: gobierno
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