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Trece emergencias decretadas entre el 26 de noviembre de 2004 y el primero de noviembre de 2005, más de 60 millones de bolívares adjudicados a una cooperativa con un capital de 600 bolívares, negociaciones con empresas no inscritas en el registro nacional de contratistas, son algunos de los elementos con los que la fiscal Luisa Ortega Díaz argumentó su solicitud de investigación contra el gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez.
Así lo expresó la representante del Ministerio Público en la audiencia que se llevó a cabo ayer en el TSJ, en ausencia del funcionario.
La Sala Plena cumplió la advertencia de la semana pasada en cuanto a que si Giménez no se presentaba, su ausencia no imposibilitaría la realización de la audiencia, por lo que se inicó el proceso tras la juramentación de la defensora pública 3ª ante la Sala Penal, Carolina Segura.
La abogada había manifestado que prefería no tomar la defensa de Giménez, pero el TSJ se lo ordenó luego de declarar el abandono técnico de la defensa, en vista de que no estaban presentes ni Giménez ni sus representantes.
Llamó la atención que entre sus alegatos la defensora esgrimiera que tuvo tiempo para revisar el expediente del gobernador desde la semana pasada, a pesar de que fue apenas ayer cuando la juramentaron. De hecho, lamentó no haber podido comunicarse con su cliente previamente.
Segura afirmó que las negociaciones que realizó Giménez a través de la Fundación Fundesoy y varias empresas se hicieron apegadas a derecho, y justificó además las constantes emergencias decretadas sobre la base de supuestas vaguadas que afectaron la región.
Le causó suspicacia que la investigación fiscal, que se supone preliminar, tuviera completas ocho piezas y nuevos anexos de expedientes, por lo que sugirió: 'Se puede haber llevado una investigación a espaldas de mi defendido'.
Respuesta. Ortega Díaz manifestó que el documento es extenso porque además de Giménez fueron investigados otros funcionarios. Recordó que hay ocho personas imputadas.
Exigió ante el TSJ que se le permita realizar una averiguación a fondo con relación a los supuestos actos que habría cometido Giménez, que configurarían peculado doloso, concierto con contratista y evasión de licitación.
La Sala Plena tiene 30 días para decidir si permite investigar penalmente a Giménez, en ese caso deberá separarse de su cargo.
Pedirán revisión.
Un recurso de revisión ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia consignarán los abogados del gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, ante la decisión de efectuar la audiencia sin su presencia.
Giménez anunció en rueda de prensa los pasos que seguirá. La renuncia al cargo no está entre ellos. 'Sigo en pie de lucha y confrontaremos esta aberración', manifestó.
El abogado José Benigno Rojas dijo que al gobernador se le violó el derecho a la defensa. Explicó que no acudieron a la audiencia porque sería convalidar lo que para ellos es un acto nulo.
Dijo que pidieron al TSJ diferirla para conocer las 19 piezas del expediente, pero sólo les concedieron 5 días, plazo que considera insuficiente. 'Es un día de luto para la justicia en el país', dijo. REGRESAR |
| Fecha publicada: 28/05/2008
Fuente: El Nacional
Tema: gobierno
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