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L a advertencia realizada hace una semana por representantes de frigoríficos y carnicerías de paralizar sus actividades si el Gobierno no aceptaba la regulación de precios, se está cumpliendo gradualmente. Varias carnicerías de Lara llevaron a cabo esta semana un paro de medio día en sus actividades y diferentes establecimientos caraqueños ya decidieron bajar sus santamarías como medida de protesta ante las altas multas impuestas por el Indecu y por el precio al que están adquiriendo la carne en canal (13 Bs. F en vez de 7,98), lo cual les impide vender el producto a precio regulado (11,70 Bs. F.).
Sin embargo, el Ejecutivo Nacional no está dispuesto a negociar el aumento en los eslabones de la cadena de producción que tanto piden productores, intermediarios y carniceros. El presidente del Indecu, Eduardo Samán, manifestó el miércoles que los expendedores que no quieran vender a precio regulado 'que se dediquen a otra cosa porque quienes vendan deben respetar las leyes'.
Además, el ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, declaró en el diario Últimas Noticias que el Gobierno no tiene contemplado revisar los precios de la carne y que el ajuste solo se produciría 'si hubiese la necesidad'. Jaua fue más allá al señalar que para la eliminación total de la regulación de precios 'tendrán que tumbar al Gobierno'. Esto en alusión a la petición realizada por el presidente de Fedenaga, Genaro Méndez, de la necesidad de librar la carne de los productos regulados para que se estabilice su existencia en frigoríficos y carnicerías.
Juan Palacios, presidente de la Asociación de Frigoríficos y Carnicerías del estado Lara (Asofricalara), indicó en relación a las declaraciones de Jaua que la lucha de los carniceros es apolítica. 'Si ellos dicen que hay que tumbar el Gobierno, eso no es nuestro problema. Nuestra preocupación es el precio de la carne. La escasez la está creando el Gobierno con esta presión de no ajustar los precios.
LE TOMARON LA PALABRA
El frigorífico Krocarne, ubicado en La Vega, ha puesto en marcha la propuesta del presidente del Indecu, Eduardo Samán, de cambiarse de ramo. Después de tres multas impuestas por el organismo protector de consumidores y usuarios, los propietarios decidieron abandonar el negocio de la carne y han emprendido la remodelación del establecimiento para dedicarse al negocio de la comida rápida, así lo dejó saber uno de los copropietarios del negocio.
Por su parte, el señor Nelson de Freitas, dueño de una carnicería de la zona, ante la solución propuesta por el directivo del Indecu el miércoles, se preguntó si 'él (Eduardo Samán) nos va a dar el dinero para que nos cambiemos de ramo'.
Los comerciantes denunciaron que a los funcionarios del Indecu no los escuchan y no les dan respuesta, así como que multan a los detallistas pero no lo hacen con los despachadores. 'Aquí lo multan es a uno, ellos nos venden a 12,80 (BsF), y el Indecu nos obliga a nosotros a vender a 11,72 si no nos multan, mientras que a ellos no les pasa nada'.
Luis Briceño, propietario de la Carnicería Bolivariana Agusbris y simpatizante de las políticas gubernamentales, dijo que 'se trata de algo que está perjudicando a toda la sociedad, nosotros los carniceros también somos pueblo, yo me crié en La Vega, tengo 15 años trabajando la profesión empecé como carnicero y ahora soy propietario'.
Considera que quienes regulan los precios 'no tienen idea de lo que están haciendo' y que si el Gobierno vende la carne al precio regulado es porque 'a ellos le venden la carne a ese precio porque ellos regalan petróleo'.
Dice que las exigencias de los consumidores de Mercal no son las mismas que las personas que compran en las carnicerías. 'Aquí las personas nos piden que le coloquemos nombre, los coloquemos en bandeja, mientras que en Mercal a las personas les dan un trozo de carne y ya, allá ni siquiera se las muelen' Por su parte entre los consumidores se encuentran opiniones encontradas. Algunos consideran que los comerciantes son 'unos ladrones', mientras que otros entienden las medidas tomadas por los carniceros. Jesús Centeno, representante del consejo comunal de La Vega dice que 'deberían llamar a las comunidades y consultarles antes de cerrar. Todo se arregla con el dialogo, la idea no es perjudicarlos a ellos, pero tampoco que se nos pegue el estómago del espinazo'. REGRESAR |
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