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'La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia es una Ley, se trata de un vicio porque en realidad es un decreto ley, el Ejecutivo no puede a su libre arbitrio dictar normas que tienen que ver con el desarrollo de derechos consagrados en la Constitución, está enmarcado en una materia propia de la Asamblea Nacional; de una Ley Orgánica, ahora es un decreto inconsulto, sin participación ni conocimiento de la colectividad, lo cual sorprende a mucha gente enterada que a partir del 28 de mayo, existe un instrumento normativo con fuerza de Ley Decreto, el cual ha sido puesto en vigencia'.
El análisis de este instrumento jurídico lo hizo el doctor Alberto Arteaga Sánchez ayer en la mañana en entrevista concedida al periodista Roberto Giusti, moderador del programa Primera Página trasmitido por Globovisión.
Más adelante apuntó Arteaga Sánchez, que allí se contemplan restricción o normas que afectan derechos individuales, la libertad de las personas, sancionan por la omisión de informaciones requeridas por cuerpos de investigación. Esto se puede llamar un 'Derecho Penal de Guerra'. Amenaza y sanciona con penas privativas de la libertad cualquier conducta de los ciudadanos.
Allí se llega a contemplar la posibilidad de sancionar hasta el pensamiento del individuo, de lo que pueda producirse. Se trata de una amenaza aunque no se haya manifestado ningún hecho interno. Pero en realidad el Derecho Penal vigente destaca que con el pensamiento no se delinque, no se puede sancionar por la mera intención. Es en el Derecho Penal de Guerra donde se consagran delitos que no tienen que ver ni con la inteligencia ni contrainteligencia. Se trata de una serie de disparates, dentro de una Ley o proyecto redactado con muy poca inteligencia. Lo que fue rechazado el 2 de diciembre en la consulta, uno de los puntos conflictivos fue eliminar en los estados de excepción, el debido proceso, que luego fue acomodado de ciertas maneras y a medias quedó respetado.
Enfatizó el doctor Alberto Arteaga, que el debido proceso es la garantía de un proceso justo para todos los ciudadanos. El proceso justo es donde las personas son informadas de los cargos en su contra, de cualquier investigación, que facilite el derecho a la defensa, a tener abogados, a conocer lo que se presume, ofrece del derecho a ser considerado inocente, a ser sancionado por los hechos punibles que existen en las leyes. Esta nueva Ley genera un atentado contra el debido proceso.
Por lo menos el artículo 20 de esa Ley habla de principios de la legalidad de la prueba, aunque debería decir de la ilegalidad de la prueba. Allí se faculta a los órganos de investigación para recabar información, testimonios, elementos de convicción, sin autorización judicial, sin notificar a la Fiscalía de la República ni a la Defensoría del Pueblo. En este país donde la tradición es de atropellos policiales a los derechos individuales por parte de los órganos de investigación, de ajusticiamientos producido ahora y antes, en un Estado que de alguna manera ha funcionado, o en un proceso que a pesar de avances del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), de alguna manera la policía abusa de sus funciones.
El doctor Arteaga Sánchez insistió en que esta Ley se refiere a todo lo relacionado con informaciones, con investigaciones que puedan poner en peligro la seguridad del Estado, seguridad está vinculada a un concepto vago, etéreo, por el cual cualquier persona, cualquier investigación en definitiva a juicio de los órganos policiales pudiera afectar ese bien fundamental.
NO ES AISLADO
En otra parte de su intervención, el doctor Alberto Arteaga Sánchez, estima que este nuevo decreto ley no se puede observar de manera aislada. Está relacionado con distintos instrumentos legales, entre otros con la Ley de Seguridad de la Nación sancionado en diciembre del 2002. Con base a esa Ley fue juzgado y condenado el general de la Guardia Nacional, Alfonso Martínez.
Su delito fue haber pronunciado un discurso en la plaza Madariaga, al considerarlo que en esa arenga se afectaba la seguridad de la nación, la estabilidad y el buen funcionamiento de la institución militar. Esa plaza está considerada como zona de seguridad. Pero esa nueva Ley también se relaciona con la reforma inconstitucional del Código Penal del 2005, con la Ley de Policía Nacional, con la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión. Este decreto ley es un paso más en el cerco que se le tiende a los derechos del ciudadano. Esto es propio de un Estado militar, totalitario, que justifica cualquier medio con el fin. El presidente Chávez apuntó que se trata de una Ley contra el terrorismo, contra los golpistas, contra el imperio. El marco de aplicación de este Ley debería tener preocupado al pueblo venezolano, al ciudadano común, pero también la comunidad debería sumarse a tomar acciones concretas, para actuar y protestar contra este instrumento legal, tanto en el Tribunal Supremo de Justicia, como en el exterior si es el caso. REGRESAR |
| Fecha publicada: 04/06/2008
Fuente: 2001
Tema: leyes
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