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Como violatoria de los derechos humanos consagrados en la Constitución, calificó el Movimiento 2 de Diciembre / Democracia y Libertad la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, publicada en Gaceta Oficial el 28 de mayo.
El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, señaló que el jefe del Estado, Hugo Chávez, no puede legislar sobre materias que únicamente deben ser reguladas por ley orgánica y sólo dictarlas la Asamblea Nacional. 'Los decretos leyes no pueden versar sobre limitación de derechos humanos. Esto es inconstitucional', dijo.
Manifestó que el sistema judicial se verá directamente afectado, pues se convertirá en accesorio de un sistema de inteligencia. 'El único que controlará este proyecto es Chávez. Se podrán cometer todos los atropellos que países totalitarios como Cuba y Corea del Norte utilizan para reprimir a los ciudadanos y eliminar definitivamente la libertad de expresión y la libre publicación', añadió.
Indicó que con es e instrumento jurídico el derecho a la defensa queda eliminado. 'Es la ley sapo, pues los venezolanos serán delatores obligatorios. Principalmente es una ley para implantar el miedo a los periodistas, que se sientan amenazados y perseguidos. Se puede detener a los periodistas, interrogarlos y hacerles juicio sin que se conozcan las pruebas. Es una legislación totalitaria; cualquier cosa es posible', expresó.
Otero formuló estas declaraciones después de la reunión que mantuvieron representantes del Movimiento 2-D con el cardenal Jorge Urosa Savino y el segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Roberto Lückert, sobre los peligros de esa ley. 'La Iglesia está preocupada por lo que ocurre en el país y responderá en su momento', dijo Otero. Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, aseguró que los sectores populares, fronterizos y del interior del país serán los más afectados con los abusos de las autoridades policiales.
'Qué garantías van a tener los ciudadanos frente a funciones desmedidas e ilimitadas de un sistema nacional de inteligencia que trastoca los valores de la democracia', dijo San Miguel.
Agregó que esa norma atenta contra elementos fundamentales como la independencia del sistema judicial y la presunción de inocencia, y obliga a los venezolanos a ser delatores. 'Ha sido una ley muy mal redactada y carente de técnica legislativa. Apunta a atentar contra elementos fundamentales del sistema democrático', expresó.
Señaló que en el articulo 17 se establece la subordinación del sistema judicial al sistema nacional de inteligencia.
'Los funcionarios están en el deber de coadyuvar al sistema nacional de inteligencia; es decir, el sistema de justicia está al servicio del sistema de inteligencia', dijo. REGRESAR |
| Fecha publicada: 05/06/2008
Fuente: El Nacional
Tema: gobierno
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