Mientras el chavismo, a trompicones, ya definió su cuadro único de candidatos a los principales cargos de elección en noviembre, a dos meses de abrirse el lapso de inscripción en el CNE, la oposición está apenas a las puertas de definir cómo y con cuáles empresas se realizarán las encuestas para determinar abanderados unitarios.
Lo que el 23 de enero fue una oferta que se proponía catapultar las fuerzas diseminadas que adversan al Gobierno para vencerlo, el haber puesto el peso decisivo en las encuestas y sujetar a éstas lo que es propio de los partidos políticos, como es la construcción del consenso, conspira hoy contra el objetivo supremo.
Además del denunciado ventajismo del oficialismo por el uso de los medios y recursos del Estado para su campaña, a estas dificultades de la oposición se suma correr contra el reloj.
Los técnicos de algunas de las empresas encuestadoras convocadas a consulta, indicaron ayer que, en el mejor de los casos -trabajando con un cuestionario único simplificado, saliendo a campo casi simultáneamente y reduciendo sensiblemente el número de muestras- se tendría resultados la última semana de junio. De optimizarse las condiciones, los resultados del campo se conocerían a mediados de julio. A partir de esa fecha los partidos podrían anunciar los nombres definitivos de los abanderados. Pero eso sería posible sí y sólo sí, los que no resulten favorecidos en esas mediciones acepten como buenos los resultados, aunque sea por escaso margen.
Como se informó en una nota anterior, en un tercio del país la oposición no gastará los pocos recursos financieros que logre acopiar en encuestas, porque se da por descontada la fortaleza del chavismo. En otro tercio, los liderazgos son obvios, y allí ya existe acuerdo, especialmente a nivel de alcaldías.
Sólo en determinadas regiones donde se estima que hay posibilidades de dar la pelea con más de un aspirante se harán encuestas. A saber: Caracas y Área Metropolitana, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas, Táchira, Yaracuy y Zulia. En once entidades se ha pensado hacer una segunda encuesta de validación. Esta condición, para la opinión de algunos, en lugar de una solución puede ser un gran problema si los resultados no son coincidentes y entran dentro del margen de error.
En Guárico, Vargas y Portuguesa algunos han hablado de la conveniencia de hacer una medición, pero el cálculo de costos será lo que determine su realización.
Las contrataciones no se han hecho y se han consultado las firmas Datanálisis, Consultores 21, IVAD, Varianzas y Keller. La empresa Datos, inicialmente inclinada a participar en la definición de candidatos, se retiró alegando razones técnicas.
Para mañana, luego de oídas las recomendaciones de los expertos, los partidos deberían presentar un nuevo cuadro, quizás donde se establezcan los sitios donde es prioritaria la consulta.
En este marco, donde lo que está en juego no es sólo el nombre de un precandidato, sino el peso que en cada localidad tiene un partido político y su tarjeta -por menguados que estén- las encuestas no pueden resolver todas las variables.
Lo que para algunos está planteado es tener en consideración todos los elementos que cada uno puede aportar y hacer un acuerdo ganar/ganar.
Dos de los participantes en las conversaciones destacaban, separadamente, un ejemplo coincidente: el aporte de votos que puede hacer Acción Democrática con su tarjeta en localidades donde el abanderado no sea de su partido. Caso que vale para otras organizaciones. Si las encuestas cierran la opción de las compensaciones, el resultado podría ser perder/perder. De allí que el panorama que se puede abrir sea el de las alianzas parciales y en ese campo ya se han dado avances significativos. REGRESAR |
