Ante la proliferación de los conflictos protagonizados por los trabajadores en el último año, analistas laborales indican que problemas como el paralelismo sindical e, incluso, la escalada inflacionaria, provocarán una pugnacidad mucho más grave a la que se vive en la actualidad.
Luis Araque Benzo, del despacho de abogados Araque, Reina, Sosa, Viso & Pittier, explicó ayer que el aumento de los precios al consumidor provocarán que los representantes sindicales exijan un incremento salarial mayor, lo que representará un problema para las empresas que no estén en capacidad financiera de cumplir con las peticiones.
Esta situación generará que las negociaciones de contrataciones colectivas sean más conflictivas que en años anteriores, de acuerdo a lo expresado por el abogado en el marco del foro Perspectivas Económicas, Políticas y Sociales de Venezuela 2008-2013, organizado por Veneconomía.
Pero, además, aseguró que el centro de las disputas se presentará con el paralelismo sindical que existe en muchas empresas del país, es decir, la coexistencia de varios sindicatos reconocidos por las autoridades laborales en el mismo establecimiento.
Araque Benzo considera que actualmente existe anarquía entre los sindicatos oficialistas, lo que consideró que generará un foco de disturbio en el seno de las empresas.
Al margen de la ley
Por su parte, Juan Carlos Pro- Rísquez, del despacho Macleod Dixon, resaltó que el problema del paralelismo surgió de un desencanto generalizado entre los trabajadores, especialmente los obreros, por la acción de sindicatos que se parcializaron en el pasado con los patronos y por un divorcio entre la realidad de las empresas y la de sus trabajadores.
Al enumerar los establecimientos que han enfrentado conflictos colectivos, como Polar, Coca-Cola, Snacks América Latina, Toyota, General Motors, Vichoa, Minería Hecla y Sidor, entre otros, resaltó que jurídicamente el problema es más difícil de resolver.
El analista legal cree que varias veces las protestas, que incluyen bloqueos a los accesos de las empresas y hasta sabotajes, carecen de sustento jurídico y se concretan al margen de la legalidad.
Pro-Rísquez manifestó que prueba de ello es la proliferación de conflictos de tenor más violento y que rechazan la posibilidad de la huelga como un mecanismo de presión para obligar a la empresa a cumplir con sus peticiones.
'El mecanismo legal está entrampado en Venezuela', indicó el abogado de Macleod Dixon, al agregar que las medidas judiciales a favor de la empresa al final no tienen efecto porque las fuerzas de seguridad no siempre cumplen con las órdenes emanadas desde el Poder Judicial. STP
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