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La presión de la sociedad organizada fue determinante para que el presidente Hugo Chávez tomara la decisión de derogar la Ley de Inteligencia, con lo cual se frenaron las pretensiones violatorias de los derechos humanos que abrigaban sus redactores. Este planteamiento fue formulado por el Movimiento 2D / Democracia y Libertad, durante un acto que se realizó en el Colegio de Ingenieros de Puerto Ordaz.
En un documento leído por el dirigente político Pablo Medina, el M-2D destaca la firme posición de las ONG, los partidos políticos, la opinión pública y todos los factores que rechazaron la denominada 'ley sapo'.
'Es demasiado lacerante el contraste entre una sociedad sacudida por una enorme deuda social y la promulgación de una ley que convertía a todos los venezolanos en delatores en potencia, en declarantes en contra de su voluntad', se destaca.
El M 2-D hizo en Puerto Ordaz su cuarto encuentro con dirigentes regionales. Estuvieron presentes representantes sindicales, políticos y empresariales de la zona.
El documento sostiene que el presidente Chávez y su Gobierno han incurrido en contradicciones flagrantes. Pone como ejemplos recientes el apoyo a las FARC, con solicitud de reconocimiento como fuerzas beligerantes incluida, y su última declaración sobre el poco futuro de la guerrilla; y las marchas y contramarchas con respecto a la Ley de Inteligencia, con la advertencia de que el jefe de Estado la derogó sin darle explicaciones a nadie.
En el caso de la Ley de Inteligencia, el hecho de que un día la promulgue y en menos de una semana la derogue, revela según el M2D, dos cosas: que no la leyó o que, si lo hizo, se vio en la necesidad de derogarla debido a la presión social, incluidas la Fuerza Armada que, 'como sabemos, tiene opiniones y puntos de vista constitucionales...'.
Deuda e inhabilitados.El M2D denuncia el crecimiento de la deuda social. Pone como muestra que todos los días se realiza una protesta en Venezuela. 'Gremios profesionales, sindicatos sin contratos colectivos, médicos, policías, maestros reclaman por las ofertas incumplidas del Gobierno. La sociedad está en la calle y aboga por igualdad, por un trato no discriminatorio entre los venezolanos'.
Sobre las inhabilitaciones, advierte: 'La discriminación política es un delito universal.
No hay manera de esconder que la inhabilitación por parte de la Contraloría General de los candidatos a alcaldes y gobernadores es inaceptable. Es una injusticia'.
El M-2D recuerda que abundan antecedentes que señalan que la sola sanción administrativa de la Contraloría no puede vulnerar los derechos políticos de los candidatos. 'El mismo Chávez gozó de esta jurisprudencia. El pueblo lo sabe y protestará contra esta discriminación', alerta.
Sueño guayanés.El sueño que significó Guayana para Venezuela no escapó del análisis del M-2D. Recuerda que con una política de continuidad administrativa, durante décadas se logró aprovechar el torrente del río Caroní como una fuente de energía. Y destaca que esta empresa nacional, que buscaba hacernos menos dependientes, involucró a varias generaciones de obreros y profesionales venezolanos.
Sobre la base de la transformación del hierro y el aluminio se abrieron opciones a la dependencia del petróleo y se creó un sistema de centrales hidroeléctricas que son orgullo de la Nación. Pero hoy, ese sueño está comprometido por la ineficiencia en el manejo de las empresas del Estado. 'La mayoría tiene pérdidas y algunas están al borde de la quiebra'.
El M-2D alerta que los factores adversos se han acentuado. El diagnóstico revela que el cuadro es más grave. Hace énfasis sobre tres aspectos: la contaminación, que está lejos de haber sido controlada; la inseguridad, que azota la zona bajo la indiferencia del Gobierno; y la corrupción, que es denunciada a diario sin que el Estado hagan nada REGRESAR |
| Fecha publicada: 13/06/2008
Fuente: El Nacional
Tema: gobierno
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