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Como un golpe de Estado a la Constitución consideró el ex contralor general de la República Eduardo Roche Lander la decisión del Consejo Nacional Electoral de rechazar la postulación de 368 personas inhabilitadas por el contralor general Clodosbaldo Russián.
'La mayoría oficialista que integra la directiva del Poder Electoral resolvió en contra de los derechos constitucionales.
Fue una decisión arbitraria.
Se acató la orden de un órgano que no está facultado para inhabilitar los derechos políticos, pues sólo tiene competencia administrativa'.
Advirtió que la decisión asumida por Russián y por cuatro de los cinco rectores del Poder Electoral menoscaba los derechos consagrados en la Constitución. Señaló que el incumplimiento de los funcionarios podría llevarlos a la cárcel, destituirlos de su cargo u obligarlos a cancelar una multa.
El artículo 25 del texto legal señala lo siguiente: 'Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole los derechos garantizados en esta Constitución es nulo. Los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa'.
El ex contralor consideró que las declaraciones del rector Germán Yépez, al salir del directorio, no fueron para exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a pronunciarse sino para sentar posición, luego de 113 días de espera.
'El CNE decidió excluir a los inhabilitados por Russián.
El ente está al servicio del régimen, las decisiones no son autónomas'.
Agregó que si en el país existiera un verdadero Estado de Derecho, los inhabilitados podrían acudir al TSJ. Exhortó, asimismo, a la sociedad civil a protestar en la calle su rechazo a la medida. 'No se puede permitir que un régimen dictatorial limite los derechos constitucionales'.
Nuevas acciones. El abogado del candidato y ex gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, Rafael Prado, informó que están evaluando nuevas acciones legales para contrarrestar la intención del CNE de rechazar las postulaciones de los inhabilitados. 'El TSJ debe pronunciarse y aclarar la situación', dijo.
Enrique Sánchez, abogado de Leopoldo López, consideró que el CNE intenta evitar que se ejerzan acciones judiciales contra del organismo y, por ello, no ha elaborado una resolución que admita la intención de inhabilitar.
'El Poder Electoral dejó la responsabilidad al TSJ. Las declaraciones del rector Yépez no se concretaron en un acto administrativo que sea impugnable', sostuvo. REGRESAR |
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