Venezuela es tierra fértil para la delincuencia organizada.
La ley que regula la materia se aprobó en 2005, pero -a la fecha- el Ejecutivo ha pasado por alto la creación del órgano desconcentrado que, eventualmente, pondría los obstáculos a este flagelo. Paralelamente, los tratados internacionales con los que está comprometido el país son menospreciados.
Mientras, en casinos y bancos, restaurantes y bares, y hasta como dueños de propiedades caminan campantes las caras del delito.
Tres años han pasado desde que la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (Locdo) y aún el Gobierno no ha dado noticias sobre la creación de la institución prevista en el artículo 41, que frenaría estos crímenes en Venezuela.
Según la Oficina Nacional Antidrogas, en lo que va de año se han incautado 25,33 kilogramos de droga, de los cuales 15.5 son de cocaína, 9.3 marihuana y el restante compuesto por otros tipos de droga. Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, refirió que en el primer trimestre de 2008, ocurrieron 1.153 hurtos de autos y 12 secuestros.
Concientes de esta realidad y del incumplimiento de la Locdo por parte del Gobierno, la ONG En cambio y el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) oficializaron su conformación como Observatorio el 12 de junio de 2008, en el marco de la III Conferencia Internacional Contra la Delincuencia Organizada y los Derechos Humanos.
Para Margarita Woyciechosky de Tablante, presidenta de la organización no gubernamental, este descuido ha devenido en 'un país que está desorientado, pues no tiene estrategias integrales en la materia, sino esfuerzos dispersos'.
Así, desde esta instancia pretenden formalizar la labor preventiva que el Gobierno ha olvidado: 'Vamos a verificar el grado de cumplimiento y diseño de políticas públicas contra la delincuencia organizada sin que se violen los Derechos Humanos', explica Jesús Ollarves, director adjunto del Centro de Estudios de DDHH de la UCV.
A SIMPLE VISTA
En una mirada, Ollarves detecta cuatro fallas en las medidas que el Gobierno ha implementado frente a delitos como la legitimación de capitales, hurto, extorsión o tráfico de drogas, entre otros. El primer error es el contrasentido que genera la ratificación de tratados sin que estos se cumplan de buena fe: 'Se suele creer que ellos no tienen valor jurídico, lo cual compromete la responsabilidad internacional de la Nación'.
Tal es el caso de la Convención de Palermo (que establece las penas para los crímenes de delincuencia organizada dentro de un marco internacional), que al parecer se desechó en vez de servir como pilar referencial para el legislador. Ollarves percibe un distanciamiento entre la ley y el perfil que poseen los delitos de acuerdo con esta Convención ratificada en 2002.
'Esto trae como consecuencia que el Ministerio Público impute casos de delincuencia ordinaria como si fuera organizada y viceversa, lo cual genera situaciones de impunidad, pues la condena podría ser menor para delitos organizados y mayor para ordinarios. Esto es indebido', señala Ollarves.
Otro de los deslices que detecta el especialista en Derechos Humanos, es la ausencia de políticas coherentes para la prevención del delito en el ámbito interestatal e internacional, 'pues estos crímenes traspasan la soberanía nacional'.
Por último, considera la franca desigualdad económica de las autoridades frente a quienes forman parte de las mafias de la delincuencia organizada: 'En Venezuela, los organismos carecen de recursos financieros y tecnológicos para combatir estas amenazas, tal como está establecido en los tratados internacionales', asegura.
LAS CONSECUENCIAS
La banca estadounidense ha impuesto sus medidas en contra de la legitimación de capitales. Algunas de ellas afectan a Venezuela, un país del que tienen una nueva percepción, y no por casualidad, sino por hechos concretos que ponen en riesgo sus transacciones financieras.
Avelino Rodrígues, asesor en Estados Unidos y Latinoamérica, considera que el primer desacierto del país se vio en los resultados del reporte internacional del 2008 sobre la estrategia de control de narcóticos, elaborado por el Departamento de Estado: 'Venezuela no ha colaborado con la lucha antidrogas', dice.
Luego, sigue el apoyo que ha ofrecido a naciones como Irán, interesadas en la utilización del uranio para la generación alternativa de energía. Finalmente, señala que 'Venezuela es considerada una nación que apoya al terrorismo', por lo que sus ciudadanos 'representan un riesgo elevado de estar involucrados en legitimación de capitales'.
Y aunque la diplomacia del país niegue tales acusaciones, la realidad es otra. El pasado jueves se conoció que Estados Unidos acusó al director de Asuntos Políticos de la Embajada de Venezuela en Líbano, Ghazi Nasr al Din, de trabajar para Hezbolá y al Gobierno de dar refugio a agentes del grupo radical shií. La misma imputación recayó sobre Fawzi Kan'an, otro individuo 'con base en Venezuela', quien se presume que ha facilitado el viaje de miembros de Hezbolá a territorio venezolano y recaudado dinero para el grupo.
En un ejercicio de pesimismo, Rodrígues anticipa las consecuencias que estos descubrimientos generan para los ciudadanos venezolanos: 'Podrían ser afectados con el cierre sistemático de sus cuentas bancarias y la suspensión de otros servicios'.
Sin embargo, a modo de tranquilizante, el asesor agrega que aún no existe una lista en la que Venezuela figure como una nación peligrosa para mantener relaciones comerciales: 'Son percepciones y medidas que se toman internamente en los bancos para disminuir el riesgo'. REGRESAR |
