Estamos ante un revuelo sin precedentes sobre la inseguridad personal. Es cierto que las estadísticas muestran un agravamiento inusitado de las muertes violentas en las últimas semanas, pero también es cierto que, a pesar de la voz de alarma que, desde hace largo tiempo, estamos dando algunas personas, la gente influyente del país -gente de dinero, con poder político, o expertos en el análisis de la situación nacional- nunca le ha prestado mayor atención. Por décadas los sectores populares han sufrido el mal de la inseguridad, pero ni el liderazgo de la cuarta República le prestó atención, ni el de la revolución bolivariana lo ha hecho.
La gente que nos ha gobernado, los políticos en general y los analistas de profesión han estado muy ocupados con la macroeconomía, las luchas políticas o el proceso revolucionario. A muy pocas personas pensantes hemos escuchado argumentar de manera seria y articulada sobre los asesinatos y asaltos a gente inocente.
No hemos presenciado ninguna marcha organizada ni por el chavismo o el antichavismo, ni ninguna declaración de notables denunciando la situación de inseguridad y exigiendo una acción contundente. Es como si el dolor de la gente pobre a las puertas de la morgue, esperando la entrega del cadáver de algún familiar, no importara. El alboroto se arma cuando alguna persona de familia conocida, o de estrato alto, es la víctima. Es inevitable preguntarse: ¿cuántas decenas de asesinatos de gente pobre equivalen a la muerte violenta de una persona de familia conocida? La pregunta puede parecer cruel y hasta inapropiada. No lo es en absoluto. Más aun, es de insoslayable responsabilidad hacerla ante el cinismo de las autoridades cuando tratan de disminuir la significación de los asesinatos en los sectores populares, o cuando se observa la inacción de quienes, desde la oposición, dicen estar pendientes de los problemas de la población. En la campaña electoral para las elecciones regionales muy poco se escucha hablar de la protección de la vida de los ciudadanos.
A riesgo de ser reiterativo, hay que insistir en que el asunto de la inseguridad personal se puede convertir, más pronto que tarde, en el eje de una profunda crisis política nacional. Si la inseguridad continúa agravándose parte significativa de la población va a ser arrinconada por las armas asesinas y la gente afrontará el dilema de 'mi vida o el sistema político'.
Cuando llegue ese momento muchos dirán racionalmente 'mi vida', y optarán por el sistema político que parezca garantizar la defensa del más sagrado derecho. Ya veremos a políticos y profesionales del pensamiento público rasgarse las vestiduras porque 'estamos sacrificando la democracia'.
Es posible que la inseguridad personal no haya sido asumida como tema de reflexión intelectual y política porque, sin duda, se trata de un asunto desagradable. Su aproximación tiene que cubrir, obviamente, la prevención, el ataque a las raíces del mal, que tiene que ver con factores tan diferentes como la pobreza, la crisis institucional del Estado y la penetración del narcotráfico en diversos ámbitos de la vida nacional. Pero esa aproximación tiene que incluir también la represión. Represión implica, inevitablemente, violencia, el serio riesgo de la violación de derechos humanos.
Sin armas no hay manera de detener a asesinos, asaltantes, sicarios o narcotraficantes. El problema es que con un Estado deshecho como el actual la represión puede ser particularmente cruel, al mismo tiempo que ineficaz. Este hecho complica el análisis porque caemos de nuevo en la naturaleza profundamente política del tema de la inseguridad personal. Que no sea ello razón para evadirlo. REGRESAR |
