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Un monto de 200.000 bolívares fuertes gastó el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia en 2007 para realizar jornadas de prevención del delito en las comunidades escolares del país, según los datos de la última memoria y cuenta presentada ante la Asamblea Nacional. El dinero representa un porcentaje ínfimo del presupuesto del despacho (29 millardos de bolívares fuertes) encargado de velar por la seguridad ciudadana y formó parte de una inversión de 9 millones de bolívares fuertes destinados a un proyecto comunitario nacional que persigue un objetivo de vida o muerte: prevenir la violencia criminal y reducir la delincuencia.
La asignación de recursos podría contrastar con la gravedad de los casos conocidos durante el año en el sistema escolar.
Pedro Carrero, de 15 años de edad, estudiante de la Escuela Técnica de Campo Rico, quedó en coma luego de que lo golpearon alumnos del Liceo Lino de Clemente. Moralis Liendo fue víctima de un intento de envenenamiento en Maracay, Aragua, por su buen desempeño escolar. A Michel Duim, de 9 años de edad, lo mataron a golpes en Quíbor, Lara, estudiantes de mayor edad. Daniel De Abreu, un alumno quinceañero, falleció en 2007 luego de que le dieron un tiro en el Colegio Simón Bolívar de Los Teques.
Robinson Herrera denunció un año antes que su hijo recibió un balazo en el Liceo Antonio José de Sucre de Los Magallanes de Catia. Los videos de golpizas proliferan en Youtube y destapan una pregunta: ¿qué se está haciendo al respecto? Edwin Rojas, director de Prevención del Delito del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, afirmó que a partir de enero comenzó a aplicarse un plan nacional para el período 2008-2013 que estipula el trabajo en las escuelas como uno de los ejes principales. Aseguró que posiblemente por 'fallas comunicacionales' el documento es mal conocido (se le solicitó una copia para difundirlo pero sólo fue entregada una presentación de cuatro páginas que reitera la exposición de Rojas).
El funcionario destacó que los casos de violencia se encuentran focalizados y su frecuencia no permite hablar de una estadística relevante: 'Los problemas se presentan mayoritariamente en Caracas y ciudades como Valencia; en otras zonas del país no ocurren porque el trabajo preventivo ha arrojado resultados'.
Resultados. No cita cifras precisas sobre el número de sucesos que podrían ser considerados como casos de violencia en el sistema educativo. Pero los datos sobre los resultados del plan sí quedan claros: durante el año escolar, que comenzó en septiembre y está por finalizar, han sido capacitados 7.000 'multiplicadores' -docentes, dirigentes deportivos o líderes comunitarios- que a través de charlas pueden difundir valores como la paz y la solidaridad. Se calcula además que fueron impartidos talleres a 350.000 estudiantes que son organizados en brigadas de infantiles y juveniles 'preventores'. En 2007, según la memoria y cuenta, uno de las actividades de mayor impacto fue la de sensibilización en escuelas y comunidades sobre temas como el embarazo adolescente, la prevención de drogas y el abuso sexual. Se dieron 2.200 talleres en todo el país a 53.000 personas. Además 11.852 personas se incorporaron a un frente preventivo nacional.
La lucha contra los casos de pornografía infantil del año pasado dejaron una estructura que facilitó el abordaje en los colegios. El plan ejecutado desde enero tiene como ejes, además del trabajo en el sistema educativo, la seguridad comunal, la recuperación de espacios públicos, el combate contra la trata de personas -que ha dado resultados reconocidos internacionalmente-; la capacitación de funcionarios del orden y la prevención del consumo de drogas. 'Hay una política que, a largo plazo, busca llevar a Venezuela a índices como los de los países desarrollados', explicó Rojas.
Otro plan. El Instituto de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y el Ministerio de Educación trabajan en la elaboración de un plan conjunto para enfrentar el problema. Hoy, según la información oficial, se instalarán mesas técnicas de seguridad con el propósito de elaborar las estrategias que se aplicarán en el año escolar 2008-2009. Las funcionarios de la institución -que sustituyó al Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes con la reforma de la ley de diciembre de 2007- han recibido la inquietud de los docentes por lo que perciben como un recrudecimiento de la situación en el país. Las modificaciones legales le permiten a este organismo ejecutar directamente proyectos. El nuevo dibujo institucional -que eliminó los consejos estadales- implicó un reacomodo.
En el municipio Sucre, donde fue agredido Carrero, ya se han dado dos reuniones convocadas por la Zona Educativa de Miranda. Elis Herrera, trabajador social del Liceo Andrés Narvarte de Sebucán, asistió a la última que se celebró en la sede de la institución el martes. 'Participan voceros y voceras estudiantiles, el personal de orientación de los colegios y las autoridades. La convocatoria se hizo a partir de los hechos violentos ocurridos en el municipio'. Se han hecho diagnósticos individuales: en el Liceo Mariano Picón Salas, por ejemplo, estudian 3.000 alumnos y el servicio de orientación tiene 3 profesores. Uno de los sucesos más reciente -según refirieron estudiantes- fue el caso de un alumno a quien 3 compañeras le cortaron la cara con hojillas. Entre avances y retrocesos, las soluciones aún están en diseño.
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