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La vida de los venezolanos está amenazada producto del desprecio a la verdad, a la injusticia, la corrupción, la impunidad, la inseguridad generalizada que se manifiesta en el irrespeto a la vida desde sus comienzos; el influjo perverso del tráfico y consumo de estupefacientes; el relajamiento de las costumbres hasta llegar a la corrupción de niños, adolescentes y jóvenes en sitios de esparcimiento y planteles educativos; la trata de seres humanos con fines de prostitución y explotación, esa realidad hunde sus raíces en una profunda crisis moral, generadora de dolor y temor, a la cual la Iglesia le responde con la misma persona de Jesús, que viene a sanar la debilidad del corazón humano y lo abre a la esperanza, poniendo en él, por medio de su espíritu el deseo de vivir según la ley del amor.
Lo indica así el documento emitido por la Conferencia Episcopal Venezolana en medio de la nonagésima asamblea general, donde los obispos coincidieron en redactar la exhortación pastoral 'Unidos en la Justicia y en la Rectitud', leído en tres capítulos por monseñor José Luis Aguaje Ayala, Obispo de El Vigía-San Carlos, monseñor Luis Armando Tineo, obispo Auxiliar de Caracas, miembro de la Comisión de Educación y por monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez, obispo de Carúpano, presidente de la Comisión de liturgia, música y arte sagrado. Más adelante destaca el documento, que uno de los problemas más graves sufridos por el pueblo venezolano es el de la inseguridad física, jurídica y económica. La vida humana no es protegida ni respetada. La violencia está desatada y sin control, generada por la delincuencia y la impunidad. Miles de familias sufren hoy la desaparición de seres queridos. Eso debilita la esperanza de un pueblo caracterizado por el respeto a la vida de las personas. La situación nacional es peor hoy que hace 7 años, cuando los obispos expresaron en otro documento que la población estaba viviendo con angustia un considerable aumento de la delincuencia que cada día era más violenta y ciega con saña miles de vidas inocentes cada año. Destacaron los obispos en su documento de ayer, que no se vislumbran soluciones a corto o mediano plazo, ante la carencia de políticas públicas efectivas de seguridad ciudadana, útiles para garantizar la paz social y el derecho a la vida de las personas. A esto se suma de forma alarmante el secuestro y la retención indebida de personas, sobre todo, en zonas fronterizas. El clero hace un nuevo llamado a quienes tienen responsabilidad de la seguridad ciudadana para que asuman con decisión la urgencia de resolver los problemas de inseguridad, porque están convertidos en la mayor preocupación de la comunidad nacional. En el mismo orden le solicitan al Gobierno un esfuerzo mayor en busca de la liberación de las personas secuestradas. Se debe librar una lucha frontal contra el secuestro. Cuanto se haga para rescatar a quienes están privados de la libertad de manera irregular, se debe saludar como un hecho positivo. También es necesario luchar contra el tráfico de seres humanos. Hay que decir no a la muerte y a la violencia y un sí para la vida y la paz.
En otro párrafo del documento emitido por los obispos, señala que la educación es un derecho de todas las personas. La educación de calidad es necesaria para el desarrollo sostenido del país. La Iglesia con su extensa red de planteles, la mayoría para atender a las clases populares, ha contribuido a ese desarrollo. Los docentes que trabajan a favor de los estudiantes tienen derecho a equipararse con quienes trabajan en el sector oficial. Preocupa la tardanza del Ejecutivo para honrar convenios establecidos en el ajuste anual del presupuesto a fin de cumplir obligaciones de salarios con el personal. Están bajo amenaza de cierre escuelas católicas y privadas, en el orden del presupuesto, a raíz del necesario aumento del costo de la matrícula escolar. El país tiene uno de los índices más altos de inflación en América Latina. Esa realidad pone en peligro a las instituciones educativas, mientras padres y representantes temen la desaparición de los planteles, donde los niños reciben educación cristiana. La adaptación del currículo requiere ser sometido a un consenso más amplio, donde se respete el derecho de los padres a elegir el tipo de educación integral deseado para sus hijos. Las autoridades deben favorecer el diálogo con organizaciones católicas, en busca de soluciones pertinentes. En lo político, enfatiza el documento emitido por la Conferencia Episcopal, el ánimo de los ciudadanos está crispado, lo cual no es saludable para el evento electoral que se avecina. Se trata de un proceso normal dentro de la democracia donde debe estar presente el diálogo, el respeto a las personas, a sus derechos y al ordenamiento jurídico vigente. Los electores deben cumplir con su obligación cívica de sufragar. Es uno de los actos favorables a la democracia. El Estado y el Consejo Nacional Electoral deben garantizar la pulcritud del proceso, su fácil acceso, la difusión inmediata de resultados y el acatamiento de los mismos como lo exprese la voluntad popular, sin que exista otro interés, grupal, individual, ideológico o de cualquier otra naturaleza. Las inhabilitaciones de centenares ciudadanos por órgano administrativo, conviene destacar que entre los presupuestos de un proceso de elecciones imparcial, transparente y libre, debe estar la garantía de todo ciudadano dentro del límite por las leyes de elegir o ser elegido. A nadie se puede condenar o privar de sus derechos sin sentencia judicial firme.
El documento emitido por la CEV señala en su última parte que la polarización la genera la imposición de cualquier tipo de consigna que amenace con la muerte, lo cual es reprobable y violenta la Constitución vigente y la voluntad popular expresada en el referéndum del 2 de diciembre pasado.
El pueblo lo que desea es solución a los graves y muy concretos problemas de seguridad, salud, vivienda, educación y otros. La auténtica separación de poderes garantiza el ejercicio de la democracia. Es falaz el argumento donde se manifiesta que no debe haber diferencia entre los poderes para poder trabajar en armonía. Los venezolanos quieren una vida digna, y se consigue con actitudes y políticas que reconozcan la dignidad personal, los valores humanos, la paz, el respeto a las diferencias, el diálogo sincero y la apertura de otros. El progreso de Venezuela no se logrará con permanente conflictividad, sino mediante un clima de paz abierto a la inclusión de sus habitantes y sectores humanos. En la construcción del país nadie está excluido. REGRESAR |
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