Como todas las cosas en este Gobierno, la lucha contra la violencia en el hogar y en especial, contra las mujeres, se convirtió en una bandera más que, luego de ser izada, sigue allá arriba sin aterrizar en la vida diaria. Como bien lo decía ayer en una rueda de prensa Guadalupe Marengo, directora regional de Amnistía Internacional, la Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de Violencia, promulgada por el régimen bolivariano, 'no servirá de nada a menos que se aplique plenamente'. Y eso, por desgracia, no se está haciendo.
Si el Gobierno quisiera reducir la vergonzosa tragedia nacional que hoy vivimos, cuando centenares de mujeres en Venezuela son víctimas de violencia física o psicológica, debería disponer de un plan general de ayuda y de una red de apoyo que funcione las 24 horas. Tendría también que haber asignado las partidas del presupuesto nacional suficientes para financiar esta red de apoyo, y eso no se hizo, y seguramente no se hará.
Si bien la ley venezolana, promulgada el año pasado por el Gobierno bolivariano, es una de las más completas del continente, como la calificó Guadalupe Marengo, de Amnistía Internacional, de nada sirve si no se otorgan los recursos para habilitar 'casas de abrigo', donde las mujeres maltratadas puedan asilarse y estar protegidas de las golpizas y amenazas que le propinan sus esposos o sus compañeros de vida.
Para construir esta red de apoyo se necesitan millonarios recursos económicos que el presidente Chávez prefiere regalar al mandatario Daniel Ortega, acusado de haber supuestamente abusado de su hijastra. Recordemos que este delito es una de las peores y más cotidianas formas de violencia contra las mujeres.
La lucha por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como lo estipula la ley venezolana, debe conducirse en dos planos: el legal e institucional, y el cultural y político. El primero de ellos está muy avanzado en Venezuela en sus disposiciones escritas, pero en la práctica se carece de normas claras y terminantes para que los funcionarios estén dispuestos no sólo a recibir las denuncias sino a proteger a las víctimas porque, por lo general, el hombre violento tiende a vengarse de aquella mujer que lo denuncia.
Por otra parte, debe cultivarse una cultura de rápido apoyo dirigida a la cadena de víctimas, porque en muchos casos la violencia tiende a extenderse a las hijas y familiares de sexo femenino.
Se trata de una espiral que debe cortarse antes de que termine en tragedia. Tal como lo exige la representante de Amnistía Internacional, el Gobierno tiene la obligación moral y burocrática de 'capacitar al personal de los órganos públicos para ofrecer una mayor ayuda'.
Según cifras aportadas por la representante de Amnistía Internacional, 'sólo en 2007, casi 5.000 mujeres llamaron al número de teléfono creado por el Instituto Nacional de la Mujer para denunciar sus casos'. Y muchas veces la respuesta fue: 'La casilla está llena'.
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