E l Proyecto de Ley Contra el Secuestro y la Extorsión lleva cinco años dando tumbos en la Asamblea Nacional, específicamente desde 2003.
Finalmente, fue el 21 de julio de 2008 cuando se inició la consulta pública del documento a través de la página Web del Poder Legislativo. Hoy culmina la recepción de sugerencias con una actividad en el Parlamento a la que se espera asistan diversos factores involucrados en el problema. Entre ellos, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela.
Después de esta actividad, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa, Rafael Gil, espera que en los próximos días se realice la segunda discusión y que de ahí el contenido sea considerado por el presidente Hugo Chávez. Aspira que en agosto de este año, el texto pase de proyecto a ley.
El diputado Juan José Molina lo ha revisado: 'Es muy parecido al que redactamos', dice. Él recuerda que retomó esta intención en 2006, luego del secuestro y asesinato de los hermanos Faddoul y su chofer Miguel Rivas y, posteriormente, del industrial Filippo Sindoni: 'Desde la comisión de Política Interior -de la que era presidente- se le dio urgencia parlamentaria'.
Sin embargo, el camino se truncó, pues aún faltaba por aprobar la Ley de Policía Nacional: 'Quienes iban a ejercer los procedimientos contra la extorsión y el secuestro eran los miembros de ese cuerpo.
Pensamos que en 2006 estaría conformado, pero con el Referendo y el cambio de ministro de Interior y Justicia, todo se paralizó hasta ahora'.
Esto sigue siendo un asunto pendiente, pues todavía no han sido reclutados los funcionarios de la Policía Nacional, aunque su creación fuera aprobada por ley en abril.
EL PESO DE LA LEY
Si algo quiso dejar claro el legislador fue que esta ley 'es un mensaje directo para los delincuentes', asegura el diputado Gil y reitera, una y otra vez, que tanto el secuestro como la extorsión tendrán 'penas severas'.
Por ejemplo, aquellos que hagan secuestros 'express' o breves -como los llamaron- o que irrumpan en el vehículo de una persona, tendrán condenas entre 20 y 30 años; si se simula estar plagiado tocará cárcel de cinco a 10 años; quienes secuestren para obtener el canje de personas o con el fin de involucrar al plagiado en grupos armados irregulares, tendrá prisión de 10 a 15 años.
En el caso de la extorsión, las penas varían de ocho a 15 años para quienes generen violencia, engaño, alarma o amenaza contra personas o bienes y cuando entre ambos exista una relación contractual, gremial, laboral o de confianza. La pena se incrementa de 15 a 20 años en el caso de que un individuo pretenda el cambio ilícito del curso de naves, aeronaves u otros medios de transporte.
El diputado Juan José Molina apoya la implementación de estos correctivos, pues piensa que 'el secuestro y la extorsión deben ser atacados con autoridad'. Sin embargo, considera que para ello es necesario un sistema de justicia eficiente y unos cuerpos de investigación penal bien dotados.
Para el criminólogo Fermín Mármol León, estas determinaciones no resuelven el problema.
'Con esos artículos abarcas la parte represiva, pero queda de lado la prevención. Tienes que atender primero los problemas sociales como la niñez abandonada, la paternidad irresponsable, la falta de educación y las armas en los barrios'.
Considera que es necesario definir políticas que coadyuven a disminuir la violencia, como el aumento de escuelas, de universidades y la construcción de más canchas deportivas 'para evitar que la colectividad transite un camino directo al delito', agrega Mármol León.
DOBLE CONDENA
Antes como ahora, el proyecto ha tenido detractores y defensores del 'congelamiento de bienes' -como se llamó en 2006- o de la 'protección de las propiedades' de los secuestrados y de sus familiares -como se definió ahora.
Para Molina, promotor del congelamiento y luego del monitoreo de posesiones, ésta sería una manera de evitar el pago de rescates por las víctimas y contribuir con la intervención de los cuerpos de investigación penal en la resolución del delito.
Gil es partidario de llamarlo protección de bienes. A través de ella, el Estado reconocería si una transacción de dinero corresponde a un movimiento habitual del dinero del grupo familiar o si se trata más bien del pago de un rescate: 'El espíritu de la ley está orientado a que el control se haga en estricta combinación con la familia', explica.
El criminólogo analiza que ambos conceptos representan un castigo doble para los allegados de la víctima: 'En lugar de perseguir al delincuente, sancionas a los consanguíneos del secuestrado'. Para él, en definitiva la gente prefiere pagar los rescates por la desconfianza que tiene en los cuerpos de policía: 'El Estado tiene que dirigir una política firme y con todos los medios tecnológicos y humanos para dar respuesta oportuna a estos delitos'. REGRESAR |
