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Una economía mixta con marcada participación del Estado como actor y como regulador es el modelo socioproductivo que impulsa el Gobierno.
Pese a las críticas surgidas por el carácter sancionatorio del Decreto Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaría, Elías Jaua, ministro de Agricultura y Tierras (MAT), considera que el referido texto legal tiene un espíritu que 'fundamentalmente estimula y organiza el sector productivo agrícola nacional, la distribución y almacenamiento de alimentos'.
-¿Cuál es el panorama del sector agrícola e industrial de alimentos para 2009?
-Tenemos como objetivo para los próximos cuatro años ocupar 25% del espacio de la producción de alimentos procesados en el país, en rubros como leche, aceites, frigoríficos, carne. Los rubros estratégicos y algunos elementos de cultivos tropicales, como frutales y jugos derivados, plantas de cacao, torrefactoras de café. Esto incluye las plantas del Ministerio para la Economía Comunal, las de Pdvsa Agrícola y las plantas de Corpozulia.
En este momento, el MAT tiene un proyecto de 95 plantas industriales, de las cuales se están construyendo 50 industrias. De ésas inauguraremos 20 en el último trimestre de 2008 e iniciaremos la construcción de las otras 45 al final del invierno, y deberían estar listas para finales de 2009.
Los rubros de estas plantas serían torrefactoras de café, plantas de empaquetado y frío de hortalizas; plantas de procesamiento de leche, alimentos balanceados; centrales azucareros Ezequiel Zamora, de Monagas y Cojedes; la frutícola de Caripe, y otra de mandarinas en Araira, Miranda. También tenemos centros de acopio y procesamiento de pescado, extractoras de aceite de soya y girasol. Este año el desarrollo agroindustrial tiene un presupuesto de 800 millones de bolívares fuertes.
-¿Por qué derogar la ley de Mercadeo Agrícola, que en su momento fue aprobada por todos los sectores y tenía mecanismos para discutir las políticas agrarias?
-Es una ley que no se corresponde con el momento actual y con la consciencia que hemos tomado sobre la seguridad alimentaria. Desde nuestro punto de vista la ley de Mercadeo Agrícola fue hecha en un contexto determinado en 2001, dentro de la Ley Habilitante.
En ese entonces no había ocurrido el sabotaje petrolero y económico de 2002 ni el riesgo que sufrió el pueblo venezolano sobre la seguridad alimentaria por la decisión de las grandes industrias de participar en el sabotaje económico de 2001-2002. Luego hemos vivido la etapa del desabastecimiento, basado en déficits estructurales pero también con un alto componente de instrumentos para la desestabilización política y de chantaje.
Aunado a esto está el incremento de la organización popular más allá de los gremios existentes, los cuales reconocemos pero que no son la única forma de organización del sector. Por ello limitar las juntas nacionales a unos gremios -que en muchos casos están abiertamente superados por la organización popular-, a un interlocutor con el cual el Gobierno no puede hablar, no se corresponde con la realidad.
A estas alturas creemos que la política de fijación de precios, de contingentes -que tiene un alto grado de seguridad para el Estado- no puede ser producto de una concertación, sino más bien como se está haciendo en este momento: resultado de consultas y opiniones, pero que es potestativo del Estado venezolano las decisiones sobre fijación de precios y las políticas de abastecimiento del país.
-¿La ley de Mercadeo Agrícola era inocente?
-Sí, una ley absolutamente ingenua, como muchas otras.
-¿Entonces hay leyes en la mira para ser modificadas?
-No, por ahora no. Pero lo que sí es cierto es que este cuerpo de leyes no tiene un espíritu punitivo ni es su sentido esencial y original. Pero también sin duda tiene un componente donde el Estado se preserva elementos que le permitan garantizar el derecho a la alimentación. No podemos ser irresponsables y permitir que cuatro o cinco empresas decidan si los venezolanos comen o no. Eso va más allá del socialismo sino que lo haría cualquier Estado serio.
-¿Cómo definirán los consejos comunales y el Ejecutivo nacional las prioridades de suministro de insumos y los niveles de consumo?
-El objetivo es garantizar el acceso de todos a los productos. Debe asegurarse el consumo local, como el caso de los pueblos pesqueros donde no hay pescado porque se envía esa mercancía a Caracas, o el caso de Elorza, donde no había carnicerías de res, sino de chigüires, mientras pasaban los camiones de ganado hacia el centro. Pero no vamos a desabastecer Caracas. Los consejos comunales coordinarán esos requerimientos.
En el caso del consumo exagerado se refiere a una manera de regular esa situación. También se refiere al contrabando de extracción, corregido con las Guías de Movilización...
El consumo exagerado se deriva de la cantidad de población. Hay un consumo per cápita y un histórico de consumo, que no pueden ser duplicados o triplicados de la noche a la mañana.
Sobre el acceso a insumos, en la actualidad sólo las grandes asociaciones de productores tienen acceso. Muchas veces los productos subsidiados, como la urea, terminan vendiéndose a los sectores de menos recursos, a mayor precio.
Se busca planificar con los productores los insumos requeridos. Esto también es una medida anticontrabando, porque determinará las verdaderas necesidades de una región, y evitará que terminen en Colombia o en los especuladores. Las asociaciones de productores perfectamente podrán ir a Pequiven y comprar sus insumos, como lo hacen actualmente.
-¿Esas localidades productoras las atenderá el Gobierno con su propia red de alimentos?
-Públicos y privados deben atender esas zonas. El privado esta obligado a garantizarle el abastecimiento a los pueblos donde se genera la producción. Si el Gobierno detecta alguna falla, el Gobierno notifica a los privados. Y cuando hablamos de colocar es que lo venderán al precio regulado.
-¿Eso no es imponer condiciones comerciales a las industrias?
-El derecho a la alimentación está por encima de cualquier otro interés. El derecho del pueblo a comer no puede estar supeditado a otros intereses.
-¿Cómo se constituirán las reservas que el Estado debe mantener?
-Hay dos tipos. Las reservas de mercado consisten en que el Estado pueda suplir temporalmente, en un momento determinado, una falla puntual en un producto. Las reservas especiales se refieren al almacenamiento permanente, en rotación, para tener siempre una cantidad de alimentos que nunca usarás, que estarán ahí para eventuales emergencias.
Ambas se conformarán sobre la base de la sobreproducción que rebase las necesidades del mercado, picos de la producción nacional pública y privada -esta última se comprará si se detecta que hay excesos en la producción de los privados-, y de importaciones en rubros deficitarios, en las cantidades que necesitemos para las reservas.
-¿Qué es el 'tiempo socialmente invertido en la producción agrícola'?
-Para nosotros los socialistas los bienes y servicios no son una mercancía, son trabajo humano traducido en un bien que satisface necesidades. Con esto no nos metemos con los costos, que están garantizados en la ley al reconocer al sector alimentos como una actividad comercial de compra y venta, pero con un objetivo fundamental de satisfacción de necesidades.
Se refiere a la remuneración del hombre que produce: el ingreso, la determinación del tiempo libre, a la seguridad social del hombre del campo, los incentivos culturales, de educación, etc. Para nosotros el tema agroalimentario no sólo es el tomate o el litro de leche, sino fundamentalmente el hombre y la mujer que hacen posible la producción y su liberación del trabajo semifeudal y esclavista que todavía persiste en el campo. REGRESAR |
| Fecha publicada: 11/08/2008
Fuente: El Universal
Tema: comida
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