|
|
|
La propiedad privada como eje fundamental del desarrollo, el bienestar de los pueblos y los ciudadanos es un derecho universal incluyente que asiste a todos por igual. El Artículo 82 de nuestra Carta Magna garantiza el derecho a la vivienda, el bien más preciado, que despierta sentimientos de identidad, arraigo, protección, seguridad, libertad; el medio para enfrentar la pobreza y reivindicar otros derechos. El Estado no ha dado satisfacción progresiva de este derecho, ni garantizado con prioridad el acceso a la propiedad de los más vulnerables.
Si el mercado formal inmobiliario está afectado por la escasa construcción de viviendas, insuficiente financiamiento, inflación desbordada y caída del poder adquisitivo, en la informalidad la situación es más compleja. En Caracas, más del 50% de la población urbana vive en áreas marginales, con una capacidad para levantar unos 80 mil ranchos al año, sin posesión legal del suelo, en terrenos inestables, con servicios deficitarios; segregada y excluida. Abordar esta situación pasa por la concientización del hecho que el ahorro de toda una vida de quienes viven en dichas zonas está sembrado en sus ranchos. Mientras no se les dé titularización a las tierras sobre las cuales están construidos seguirán marginados. Al darles la propiedad del terreno -en la práctica una carta de ciudadanía- las bienhechurías pasarían a ser bienes inmuebles con todas las de la ley, inclusive ser hipotecados para obtener préstamos.
Prominentes arquitectos y urbanistas propugnan la necesidad de enlazar la ciudad formal con la ciudad informal para resarcir el déficit de servicios, oportunidades y amenidades. Hay que comenzar por darle legalidad al barrio, incluirlo en la cartografía, levantar el correspondiente catastro, regularizar la tenencia de la tierra, y rehabilitarlo dentro de un plan coherente e integral. Ello, en el caso de los asentamientos que no presentan riesgos. Para los que están ubicados en áreas inestables la respuesta es la construcción de nuevos desarrollos.
El peruano Hernando de Soto, uno de los doce economistas de mayor prestigio en la historia, ha influenciado a muchos gobiernos con su tesis de que los pobres son los dueños de la mayoría de la propiedad de la tierra pero no tienen títulos de propiedad que lo demuestre y, por tanto, no pueden disponer de sus terrenos para salir de su situación, como acceder a préstamos que podrían utilizar en iniciativas empresariales. De hecho Lima cuenta con una legislación, que ha permitido reglamentar por lo menos un millón de parcelas. En Brasil, el Gobierno ha otorgado títulos de propiedad a millones de habitantes de las favelas con la titularización empleada por muchos países.
En Caracas, Baruta lidera la titularización en Las Minas, La Palomera y Santa Cruz del Este. También municipios como Libertador, Valencia, Puerto Cabello, y Maracaibo, están asumiendo este camino liberador. El Estado reforma la Ley Especial de la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y de Asentamientos Urbanos Populares que es de esperar no se convierta en instrumento para dar legalidad a las invasiones de terrenos privados calificados como 'ociosos', o establecer un presunto mercado inmobiliario protegido para aupar la figura del usufructo en detrimento al derecho de propiedad individual, práctica de regímenes socialistas en el afán de potenciar el patrimonio del Estado.
REGRESAR |
| Fecha publicada: 11/08/2008
Fuente: El Universal
Tema: bienes
|
*** noticias no disponibles *** |
|
