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William Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), rechazó ayer la campaña de maltratos y difamación que se estaría llevando a cabo desde las diferentes instancias del Gobierno del presidente Hugo Chávez en contra de los comunicadores sociales.
El señalamiento fue realizado en el marco de la presentación al país del Manifiesto de los Comunicadores Sociales, texto derivado de la realización de la convención nacional de trabajadores, realizada el pasado sábado 9 de agosto.
Las autoridades del organismo exigieron a los funcionarios agentes del Estado y a los directivos de medios privados el cumplimiento de lo establecido en la Carta Magna y en la Ley de Ejercicio del Periodismo, en cuanto a respetar el derecho de los venezolanos de estar informados y a expresarse libremente.
Asimismo, señalaron a legislaciones como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión; y, el Código Penal vigente como instrumentos del Gobierno para fines políticos.
Exigieron la revisión de los artículos 223 y 226 del Código Procesal Penal actual, los cuales, a su juicio, califican como delito al vilipendio, tal y como fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la sentencia 1942, 'decisión ésta que contraría las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
RECHAZAN PAQUETE DE LEYES
Por otra parte, la junta directiva del CNP rechazó el conjunto de leyes aprobadas por vía Habilitante por estimar que desconoce la Constitución y el Estado de Derecho 'porque fueron aprobadas a espaldas del país, sin consultarlo, y porque incluyen normas que ya habían sido rechazadas por el colectivo venezolano en el referéndum del 2 de diciembre de 2007. Esta decisión del Gobierno vulnera la voluntad del soberano'.
'Hoy en día (el periodista) no cuenta con el ambiente idóneo, ni la seguridad física ni jurídica que le permita ejercer cabalmente su profesión', refirió.
A través del documento los periodistas recordaron que por mandato constitucional el Estado tiene la obligación de no excluir a ningún ciudadano. 'Las instituciones públicas no pueden estar al servicio de parcialidades políticas, como ocurre actualmente con el uso, continuo y permanente, de los recursos y medios oficiales con fines proselitistas. Denunciamos que estas acciones constituyen una política de Gobierno, clara y definida, dirigida a privilegiar a sus seguidores y a excluir a todo aquel que se manifieste en contra. Esto constituye una acción discriminatoria y una forma de censura oficial que atentan contra la plena libertad de expresión y de información de la sociedad venezolana', concluyeron. REGRESAR |
| Fecha publicada: 14/08/2008
Fuente: 2001
Tema: medios
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