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'Si hay dinero para Bolivia o Nicaragua...
¿por qué no hay para los trabajadores? El Presidente está comprando armas rusas que igualan las inversiones que deben hacerse aquí...', le replicó un trabajador de Bauxilum al ministro Rodolfo Sanz, durante la protesta ocurrida el pasado jueves en el portón de esa empresa y a la que acudió el funcionario para tratar de aplacar la molestia, quizás esperanzado en que no se extendiera más.
La réplica vino porque el ministro trataba de justificar que la seria crisis de insolvencia de esa y las demás empresas del aluminio, no tendría 'una solución fácil'. Y agregaba: 'Le estoy dando vueltas a la cabeza a ver si sacamos un bono para pagarles los pasivos, pero como CVG no puedo, así que estoy pensando cómo vamos a hacer (...) esperemos a que se defina la fuente de los recursos (...) no creo que sean dos años, pero tampoco les puedo decir que les voy a dar una respuesta mañana...' (ver Correo del Caroní, viernes 8 de agosto, crónica testimonial de la periodista Natalie García).
Por eso, aquel trabajador recordaba la 'regaladera' en el exterior y concluía: '...debe haber dinero para resolver los problemas en Venezuela, para administrar una empresa que beneficia a los venezolanos'. Y con ese apunte certero, que debe estar en la mente de muchos, acrecentando la molestia de los trabajadores, como la de toda Guayana, sumado a la manifestación de calle y las denuncias en los medios, le desbarataban el plan de permitir el agravamiento de la crisis.
JUSTIFICAR MÁS CONTROL
Y AHOGO POR EL ESTADO
Algunas personas en Guayana advierten -incluyendo a este redactor- que el gobierno de Hugo Chávez, teniendo al Mibam-CVG como brazo ejecutor, está dejando agravar adrede la severa crisis del sector aluminio que rebota directamente sobre toda la economía regional, para justificar en el corto y mediano plazo una mayor intervención del Estado y el gobierno sobre la vida económica, la pequeña y mediana empresa, el sector privado de la salud, pero también sobre las organizaciones sociales, como los sindicatos. Nada explica que un gobierno con tanta abundancia de petrodólares, que los derrocha de todas las formas posibles, no encuentre 'una fuente de recursos' para poner al día las mismas empresas que han llevado a la quiebra. El comentario extendido es que al agravar la insolvencia, sectores de la economía privada -como el de las clínicas- quedarán tan débiles que algunos cederán ante las presiones que les hacen desde el gobierno para que vendan 'a precio de gallina flaca para no perderlo todo' y así el gobierno pasaría a controlar los HCM.
O los llevarán a tener que suspender los servicios a los trabajadores, imposibilitados de mantenerlos, con lo que el gobierno los acusaría de 'explotadores insensibles' para justificar la intervención.
Una nueva estatización que 'solucionaría', al menos temporalmente, la incapacidad del Ejecutivo para hacer funcionar los hospitales debidamente.
Hasta que esas clínicas estatizadas y 'socializadas' se desbaraten en un año o dos y se parezcan al desastre de los hospitales o queden abandonados como la mitad de los módulos de Barrio Adentro.
Por otro lado, la pequeña y mediana industria que proveen equipos y servicios, agobiadas por las deudas con los bancos, pues muchos tienen hasta 6 meses y más sin cobrar lo que les adeudan las empresas gubernamentales, quedarán también a merced del control gubernamental.
La jugada se completaría cuando el Presidente aparezca, más cerca de la fecha de elecciones regionales, cual Santa Claus adelantado, con un anuncio de soluciones y dinero que incluye intervención de clínicas, transformación obligada de pequeñas empresas en EPS y muy especialmente sugerencias, como aquello de que 'la culpa la tienen las desmedidas exigencias de los contratos colectivos', todo lo cual servirá para apuntalar un mecanismo de decisiones ultracentralizadas acerca de los reclamos y condiciones laborales, que haga perder fuerza y razón de ser a las organizaciones sindicales, especialmente si no se atienen a ser sumisamente patronales, aunque en el lenguaje oficial no se les llame así, sino 'revolucionarias, socialistas y disciplinadas'.
Quizás algunos digan 'yo no creo que tanto así', pero la forma como Chávez intentó demoler a los trabajadores del canal 8 hace tres semanas dibujó claramente sus ideas sobre los derechos laborales. Igual habría que recordar que a mediados de 2007 llegó una directiva para convertir a Venalum en 'empresa socialista' y la primera medida incluida en el proyecto de presupuesto 2008 era que todas las partidas de recursos para lo laboral -salvo los salarios normales- ya no serían manejadas ni decididas por la directiva de la empresa, sino por la 'Comisión Central Nacional de Planificación', incluyendo futuros aumentos, todos los beneficios socio económicos, bonificaciones y aumentos por méritos.
El alboroto interno con paros y asambleas en un período pre-referéndum, obligó al gobierno a meter 'en la nevera' el plan pero no hay por qué creer que han cambiado de opinión.
MANTENIMIENTO Y DESINVERSIÓN
La protesta en Bauxilum, así como reclamos y denuncias frecuentes en otras empresas como Carbonorca y Alcasa, han llevado aparejados no sólo los reclamos por deudas y pasivos laborales, sino el grave problema de la improductividad de las empresas, sus problemas tecnológicos, la grave desinversión que las va haciendo obsoletas, el incumplimiento de las metas y necesidades de producción.
Ese tema será el de la tercera y final entrega de esta serie REGRESAR |
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