| A partir del próximo año, los 300 militares norteamericanos que realizan vigilancia aérea para combatir el contrabando y el narcotráfico desde Manta, en Ecuador, ya no tendrán base para operar. Esto, porque el gobierno de Rafael Correa notificó oficialmente hace dos semanas que Quito no renovaría el acuerdo que firmó con EE.UU., en 1999 sobre el uso de parte de esa base militar ecuatoriana. El anuncio no fue sorpresivo. Era una promesa de campaña de Correa, que puso fin a una década de relaciones entre ambos ejércitos. Estados Unidos inició, así, la búsqueda de un nuevo lugar en Sudamérica desde donde operar. Una opción era Colombia. Sin embargo, el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que su gobierno no estaba interesado. 'Base no va a haber', sentenció. 'Tensión innecesaria' A esa negativa se sumó Perú. El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, y el primer vicepresidente, Alejandro Aguinaga, dijeron que el Poder Legislativo 'defendía la soberanía nacional y no aceptaría una presencia militar extranjera'. Aguinaga indicó, a su vez, que el uso de una instalación militar por fuerzas extranjeras sería visto con 'demasiada preocupación' en la región y generaría 'una situación de tensión innecesaria'. Expertos en relaciones internacionales en América Latina -consultados por 'El Mercurio'- señalaron que la decisión de ambos países era totalmente esperable y que su posición no sorprende a Estados Unidos. Hasta el momento, William Brownfield, embajador en Colombia, ha dicho que EE.UU., consultará con otros gobiernos de la región para saber si existe algún interés en albergar ese contingente. 'El gobierno colombiano está mandando un mensaje de no armamentismo. No apoyar estrategias que puedan ser bélicas, aunque sean de carácter preventivo, y a la vez no mostrarse como un aliado directo de la estrategia militar norteamericana en el continente', señaló el analista colombiano Juan Manuel Charry. Para Peter Hakim, presidente del Inter- American Dialogue, un centro de estudios hemisféricos con base en Washington, tanto Colombia como Perú entienden los peligros de ser vistos -por otros países de América Latina y por sus propios ciudadanos- como subordinados de la Casa Blanca. 'El gobierno tarde o temprano pierde el respeto de sus ciudadanos y de sus vecinos en caso de que esa imagen sea creada y asimilada', dijo Hakim. Muchos ciudadanos colombianos y peruanos se oponen a la llegada de tropas estadounidenses, y podrían realizarse movilizaciones anti-Estados Unidos, en contra de una presencia militar. 'Tiene menos que ver con mantener buenas relaciones con países como Venezuela (fuerte opositor a la presencia estadounidense en el continente) y más que ver con su propia política interna nacional', indica Shannon K. O'Neil, especialista en relaciones entre EE.UU., y América Latina del Council on Foreign Relations. Según Charry 'hay sectores de la población que no son simpatizantes de este tipo de colaboraciones. En la zona donde se pudiera instalar una base habría protestas. Esa sería una reacción casi inmediata'. Washington Peter DeShazo, director del programa para América del Center for Strategic and International Studies, dijo que Estados Unidos debería buscar otro sitio apropiado en la región para realizar operaciones contra el narcotráfico. DeShazo explicó que no se trata de establecer una 'base militar', sino otro acuerdo parecido a lo de Manta, 'tomando en cuenta el interés compartido entre Estados Unidos y otros países en la región en frenar al narcotráfico'. Ya está claro que Colombia y Perú tomaron su posición al respecto. Sin embargo, fueron cautos en no amplificar su rechazo a negociar con Estados Unidos. Bogotá anunció que sí consolidará otros mecanismos de cooperación con Washington en su lucha contra el tráfico de drogas, y Lima dijo que prefiere buscar inversión y desarrollo con Estados Unidos. 'La Base de Manta no produjo mayor seguridad para Ecuador, ni resultados extraordinarios en la lucha contra el narcotráfico, al menos no hay datos públicos que lo confirmen'. Polémica por la reimplementación de la IV Flota La reimplementación el mes pasado de la IV Flota naval de EE.UU., bajo el mando del Comando Sur, para vigilar las costas de América del Sur, ha sido motivo de controversia. Venezuela, Brasil, Bolivia y Argentina han rechazado el envío a la región de los buques de Estados Unidos y sostienen que no tiene justificación. El experto en defensa chileno Eduardo Santos asegura que Washington busca a través de este comando implementar su 'soft power'. 'Ellos no tienen un regimiento ni buques bajo su mando. Estos son comandos, que establecen planes de paz, programas contra el narcotráfico y hacen ejercicios conjuntos con los países de la región', dijo Santos. 'El mensaje (de reactivar la IV Flota) es que así ellos (EE.UU.) pueden tener seguridad en el mundo a su alcance y no sólo imponiéndose por la fuerza ('hard power'). Pero ese mensaje dirigido así es aún poco digerible en Latinoamérica', sostuvo REGRESAR |
