La simbiosis entre delincuentes con funcionarios activos de la Policía Metropolitana y de otros cuerpos de seguridad de Estado, propicia el incremento de la delincuencia en la gran Caracas, porque los agentes temerosos de enfrentar a pandillas mejor armadas, prefieren obtener parte del botín que arriesgarse a perder la vida o a salir lesionado en cualquier enfrentamiento, y en última instancia buscan protección personal aunque los vecinos queden desamparados.
Así explicó el incremento hamponil en la capital de la República,
el sargento retirado de la Policía Metropolitana, William Tovar,
vicepresidente de la asociación de agentes jubilados, quien una vez
más organizó un marcha desde la plaza de La Moneda hasta el
Ministerio de Finanzas, a fin de reclamar las prestaciones sociales
que les adeudan a más de 3 mil hombres y mujeres que durante más de 20
años le sirvieron a la ciudad, enfrentando a la delincuencia en todos
sus niveles. Enfatizó William Tovar, que tanto la zona de Catia
como el este de la ciudad, son puntos donde la delincuencia actúa
por la libre, con la presunta complicidad de algunos agentes policiales.
Recordó que al llegar Juan Barreto a la Alcaldía Mayor, decidió
sacar de las filas policiales a funcionarios honestos y expertos en la
lucha contra los delincuentes. Las plazas vacantes fueron entregadas
a personas que tienen registro policial. Están vinculados a hechos
delictivos de distintos tipos. Secuestros, robos, hurtos, homicidios,
tráfico y distribución de estupefacientes. Estos policías enganchados
para cubrir plazas vacantes, no atacan al hampa; la amparan. Es
habitual detectar agentes policiales cerca de establecimientos e
institutos bancarios donde ocurre el asalto inmediato. El funcionario
no corre en busca del maleante, prefiere ubicar a la víctima. La intención
es establecer cuanto dinero le entregó al pistolero. Luego consigue
al delincuente y le quita la mitad del botín.
Destacó el sargento Tovar, que se trata de hechos lamentables, sin
justificación alguna, pero también es necesario entender en principio,
que los policías no tienen armas potentes, necesarias para enfrentar
a quienes están mejor armados con escopetas, pistolas de alta
potencia y granadas de mano. Las pistolas Glock compradas por la
Metropolitana, fueron distribuidas entre sargentos y oficiales de
mayor jerarquía. El resto del personal aún lleva revólveres calibre
38 en el cinto. Tampoco cuentan con suficiente dotación de balas. Los
proyectiles, igual que los uniformes deben salir de los recursos del
funcionario. En esas condiciones el maleante lleva mucha ventaja.
El agente no quiere destrozar su ropa cuando participa en determinado
procedimiento; no quiere gastar las balas, porque deberá comprar
otro lote, no quiere arriesgarse frente a los hampones porque lo
pueden herir, y sí en el lance, hiere o mata a quien le disparó, deberá
pagar su defensa judicial. De la PM despareció la asesoría jurídica.
Cuando el Ejecutivo facilita la adquisición de inmuebles dignos
para los funcionarios, la distribución siempre está dirigida hacia las
mayores jerarquías, el resto del personal queda fuera de concurso.
Por último, aseguró el sargento retirado William Tovar, que con relativa
frecuencia algunos funcionarios, sin importar el rango, se vinculan
al tráfico y consumo de drogas. Este delito les facilita ahorrar algo de dinero,
a fin de contar con fondos propios para pagarle al abogado cuando
necesitan de una defensa jurídica. REGRESAR |
