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Los recientes titulares del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia dejaron en la cárceles del país más de 514 muertos y centenares de heridos, víctimas de la violencia penitenciaria generada por la improvisación de programas generados por funcionarios carentes de conocimientos que coliden con los derechos humanos y con la decisión de la Corte Interamericana que impone protección para quienes están recluidos en la cárcel de Yare y en otros penales de Venezuela.
Lo destacó así el doctor Humberto Prado, director de El Observatorio Venezolano de Prisiones. Recordó que la cárcel Yare II está en reparación, por ese motivo todos los presos han sido asignado a Yare I, donde no hay capacidad suficiente para albergar a más de 1.100 personas, porque la estructura está diseñada para atender sólo a 750 reclusos. En ese orden el edificio está copado. Los internos sin clasificación alguna, porque nunca la han tenido, ahora están hacinados en los talleres, en el sector de administración, en la enfermería y en los patios internos, a raíz de un orden expresa de Inner Serrano, director de Prisiones. Mientras esto ocurre en este local, la moderna cárcel de Coro construida con capacidad para atender a más de 800 presos, sólo está ocupada por poco menos de 40 hombres que gozan de ciertos privilegios otorgados por las máximas autoridades del MRI. Enfatizó Prado, que casos como estos lanzó a los presos en Yare I a participar en el autosecuestro de más de 600 personas pariente cercanos de los reclusos. Se trata de una forma de presionar a las autoridades judiciales para que cumplan promesas hechas durante acciones similares ejecutadas en meses anteriores. Entre las promesas están la agilidad de la justicia para los procesados, y los beneficios otorgados por la ley para los penados. En busca de acuerdos definitivos volvieron a solicitar mesas técnicas, que tal vez puedan dar frutos en esta oportunidad.
FALLAS
Humberto Prado estima que las fallas presentadas por el sistema carcelario es producto de la falta de personal calificado para atender las necesidades de los reclusos. El Observatorio Venezolana de Prisiones introdujo en la Corte Interamericana una solicitud de protección para los reclusos en las cárceles de Venezuela, porque la falta de clasificación, de atención a la salud, de programas deportivos, de espacios para el trabajo y la cultura, mantiene un ambiente bélico en cada calabozo. La decisión judicial internacional le dio la razón a la solicitud de esta organización no gubernamental, pero el Gobierno venezolano no le presta atención a ninguna de las recomendaciones ni a la posibilidad de ser sancionado en atención a la firma de compromisos extraterritoriales.
Esa falta de capacidad técnica ha conducido al Gobierno central a nombrar como ministros de Relaciones Interiores y Justicia, y a la mayoría de sus asistentes, a personal sin capacidad para el cargo. Como resultado, durante el ejercicio de Jesse Chacón al frente del MRI, el sistema carcelario arrojó 194 hombres asesinados tras las rejas, además, de una cantidad de víctimas suscitadas en el resto del país. Chacón también estaba al frente cuando se generó una lucha armada entre internos en la cárcel de Uribana, que dejó un saldo de 18 víctimas y varios heridos. Aún así, en su programa político actual, ofrece seguridad para los residentes en los barrios del Municipio Sucre. Más tarde el cargo fue ocupado por Pedro Carreño. En ese lapso de pocos meses, se produjo la llamada masacre de Santana, donde fueron abatidos otros 18 presos, mientras que en Sabaneta, bajo el 'control' de Ramón Rodríguez Chacín, se registraron 10 muertos más. Durante la permanencia del general Lucas Rincón en el cargo, hubo 10 asesinatos durante la reyerta ocurrida en la cárcel de Vista Hermosa. En cada uno de estos ejercicios los venezolanos hemos sido testigos de infinidad de las acciones del hampa, cuya estela de sangre ha sido narrada en los medios de comunicación social.
Concluyó Humberto Prado al señalar que solicitará un derecho de palabra en la Corte Interamericana, para denunciar el incumpliendo del Gobierno venezolano en materia de protección para procesados y penados. REGRESAR |
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