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Con frecuencia me preguntan si se logrará dominar la inflación en el futuro próximo. Lamentablemente, creo que no. El abatimiento de una inflación como la que padecemos en Venezuela es algo complejo y difícil, y exige la implementación permanente de una serie de medidas y políticas complementarias orientadas al logro de ese fin.
Nada más distante de lo que se está haciendo.
Además de una verdadera y sostenida disciplina fiscal y monetaria que evite crecimientos desproporcionados de la demanda, se requiere implantar un plan de estímulo a la producción, que no sólo potencie la capacidad de respuesta del aparato productivo para incrementar la oferta de bienes y servicios, sino que también lo haga de forma eficiente, es decir, con menores costos medios y con una productividad creciente.
Si bien en los primeros meses de este año se aplicaron ciertas medidas restrictivas que limitaron el crecimiento de la oferta monetaria, desde el mes de junio se ha notado un sostenido e intenso crecimiento de la liquidez, producido por el creciente gasto público a través del cual se inyectan grandes cantidades de recursos a la economía, y se neutralizan así los esfuerzos de restricción monetaria.
Igualmente, si bien se notó un alivio de los severos problemas de desabastecimiento que se venían padeciendo, todavía éstos persisten en múltiples rubros, lo que obliga a continuar revisando los precios controlados con el fin de estimular la producción local, ya que los exagerados controles habían condenado a múltiples productores y distribuidores a trabajar a pérdida.
De allí que, si bien se ha pretendido atacar un fenómeno generador de inflación, como lo es el desabastecimiento, a través de una revisión de los precios controlados, ello, por otra parte, ha permitido la materialización de una inflación represada que volverá a tomar fuerza debido a los últimos ajustes anunciados.
Muchas de las leyes recientemente aprobadas de forma subrepticia, violando la Constitución y burlándose de la voluntad popular expresada el 2 de diciembre pasado, tendrán repercusiones muy negativas.
El carácter conminatorio, discrecional y discrimi natorio contra la actividad económica privada que contienen varios de estos instrumentos legales, si es que así se les puede llamar, atentan contra derechos fundamentales y crean un clima muy poco propicio para la inversión.
Cuando lo que priva es la presunción de mala fe empresarial, la amenaza gubernamental, el establecimiento de penalidades des proporcionadas, y la asignación de autoridad cuasi ilimitada a funcionarios medios con capacidad de determinar ilícitos e imponer penalizaciones que pueden llegar a la confis cación y al cierre definitivo de operaciones, se acosa no sólo a la gran empresa privada, sino también a la mediana y pequeña. Si a esto se agrega la manifiesta intención de subs tituir el aparato productivo tradicional por otro utópico, que ha fracasado reiteradamente en todas las economías donde se ha pretendido implantar, la conclusión que se extrae es que vamos en dirección opuesta a la requerida para lograr la meta de mayor eficiencia y creciente productividad.
Por todo lo anterior, creo que cada vez nos apartamos más de la anhelada meta de abatir la inflación, la cual no se podrá alcanzar a pesar del abaratamiento de los productos foráneos producido por la apreciación creciente de la moneda y por la moderación reciente de los precios de los alimentos y otros productos básicos en los mercados inter nacionales.
Por el contrario, pienso que los venezolanos estamos condenados a seguir padeciendo aumentos cada vez más intensos de los precios con el consecuente empobre cimiento de la población, con el agravante de que los que más afectados resultarán serán los más desposeídos, pues son ellos los que mayor inflación padecerán y, en consecuen cia, los que se empobrecerán con mayor intensidad.
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