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En el futuro inmediato, los entes públicos y empresas privadas que hacen vida en el municipio Sucre del estado Miranda, estarán obligados a contratar entre su personal administrativo u obrero a un 5% de personas con alguna discapacidad.
Así lo establece el artículo 51 de la Ordenanza para el Desarrollo e Integración de las personas con Discapacidad, que fue aprobada ayer martes en sesión ordinaria de la Sala Plena de la Cámara de Concejales de ese ayuntamiento.
El proyecto de Ordenanza fue trabajado por la Comisión de Abastecimiento, Mercadeo e Integración Comunal, cuya titular es la concejala Merlin Williams.
Los argumentos que motivaron esta nueva normativa municipal, según las concejales Isabel Rada, presidenta del Ayuntamiento y Merlin Williams, presidenta de la Comisión relatora del proyecto de ordenanza, es ante todo, 'ayudar a eliminar las barreras existentes o restricciones que limitaban los derechos de los discapacitados, a fin de que en el futuro logren tener presencia activa y protagónica en las transformaciones de la sociedad'.
La norma aprobada contiene cinco títulos distribuidos como sigue: disposiciones generales, definiciones, derechos y deberes de las personas con discapacidad, el sistema municipal de atención integral a las personas con discapacidad y los derechos para la atención de personas discapacitadas.
El Sistema Municipal de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, que habrá de crearse luego de la aprobación y entrada en vigencia de dicha normativa, 'favorecerá a las personas residenciadas dentro del municipio Sucre. La sede habrá de ser construida o constituida en la capital del municipio, es decir, en Petare', aclaró la presidenta del Cabildo en la lectura de las motivaciones de la novedad local.
Este Sistema Municipal de Atención Integral para Discapacitados deberá coordinar políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a esa población especial.
En cuanto al contenido preciso del artículo 51 sobre la obligatoriedad de las empresas públicas y privadas de incluir entre sus trabajadores a personas con discapacidad en cargos de ámbitos ejecutivos, obreros o empleados, la ordenanza precisa que 'debe ser en un número no menor al 5% de la nómina total del contratante'.
FACULTAD AMBIENTALISTA
Otro asunto debatido ayer en sesión ordinaria de la Cámara de Ediles de Petare, fue el proyecto de Ordenanza Ambiental sometido a consideración del concejal Freddy Vegas, presidente de la Comisión de Ecología y Ambiente del Ayuntamiento.
Esta nueva ordenanza local reglamentará la Defensa y Protección del Ambiente y constará de 27 artículos y ocho capítulos. Una de sus fundamentaciones está en la necesidad de ampliar las facultades, funciones y competencias del Instituto Municipal de Protección y Saneamiento ambiental (Imapsas) para que se convierta en guardián del ambiente. REGRESAR |
| Fecha publicada: 11/09/2008
Fuente: El Mundo
Tema: empleo
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