En la Corporación de Servicios del ente gubernamental detectan comprar con sobreprecios. Juan Barreto dice que removerá a los funcionarios responsables. Lo cuenta Últimas Noticias
E n la Corporación de los Servicios Metropolitanos S.A., adscrita a la Alcaldía Mayor, las cosas se pusieron color de hormiga luego de que se descubriera que las direcciones encargadas de las compras no sólo adquieren productos con más de 100% de sobreprecio, sino que también habrían incurrido en ilícitos administrativos al comprar diversos artículos a empresas que no están autorizadas legalmente a prestar dichos servicios.
Esta Corporación, considerada como el 'gran conserje de la ciudad', cuya labor consiste en el mantenimiento óptimo de los servicios de la metrópoli: la vialidad y la limpieza y mantenimiento de alcantarillas, parques y plazas, entre otras responsabilidades, se puso en el ojo del huracán por haberse descubierto que presuntamente estaban pagando sobreprecio en todos los productos que adquirían y en los servicios que alquilaban.
Diversas órdenes de compra, facturas y notas de entrega demuestran que la Corporación sí pagó sobreprecio, canceló facturas antes de emitir las órdenes de compra y adquirió productos a empresas que no están inscritas como proveedoras en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) y tampoco en la Alcaldía Mayor.
Varios de esos recaudos están en poder de Últimas Noticias. Por ejemplo, el 8 de mayo de 2008, Inversiones López Scocci C.A.
entregó a nombre de la Corporación de los Servicios Metropolitanos las facturas 0914, por BsF 94.034 y 0915 por BsF 55.611,18 por la compra de productos y el pago de servicios para un acto que celebrarían con motivo del Día de la Madre. Allí se evidencian muchas irregularidades.
Sobreprecio. Una revisión minuciosa permitió descubrir que muchos de los productos que fueron comprados presentaban precios muy superiores a los del mercado.
Se evidenció que, por ejemplo, se compraron mil mandarinas pagándose por cada una de ellas BsF 8; es decir, con el precio pagado por una fruta fácilmente se hubiera podido comprar dos kilos de la misma.
Las bolsas de carbón, que en cualquier automercado o licorería cuestan entre BsF 8 y 10, fueron facturadas a BsF 20, con más de 100% de recargo sobre su precio real.
Los ejemplos son numerosos. En otra orden de compra, la número 332, del 14 de abril de 2008, por un monto de BsF 199.250,91, todos los artículos tienen un sobreprecio de más de 100%, según la comparación de precios en el mercado. Además, la cotización y la orden de entrega no presentan domicilio fiscal ni número telefónico, tal como lo establece la legislación vigente.
Llama la atención que se elaborara la orden de compra N° 474, del 14 de mayo de 2008, basada en una cotización presentada por la empresa Inversiones Njga por BsF 19.671,30, para el suministro de dos bombas de achique y tramos de manguera de dos pulgadas de 7,62 mililitros, y que posteriormente serían entregadas por la empresa Sala Técnica 90210.
Dentro de todas las órdenes de compra -que Últimas Noticias tiene- figura una que vale la pena destacar por la suma de dinero que se pagó por dos computadoras personales, pues casi duplica el precio estipulado, y por la forma como fue adquirida.
Es la orden N° 542, del 3 de junio de 2008; allí la Corporación de los Servicios Metropolitanos pide adquirir dos computadoras personales. La primera es una portátil Compac, modelo F754LA, por BsF 22.300 y otra, también portátil, modelo Aser Aspire por BsF 17.100.
Este documento está acompañado por la factura 0368 de la empresa Ces Cistems C.A., fechada el mismo 3 de junio de 2008.
Sin embargo, en el papel se anotó una observación por la falta de la orden de compra y pide su regularización, lo que hace suponer que se pagó la factura antes de haberse emitido la orden de la requisición.
Y por si esta irregularidad fuera poco, la nota de entrega de la computadora Aser Aspire está fechada el 26 de mayo de 2008, es decir, ocho días antes de emitirse siquiera el pedido.
A estas observaciones hay que añadir que 98% del total de órdenes de compra que tiene ÚN no cuentan con las tres cotizaciones exigidas por la Contraloría como requisito indispensable para realizar cualquier adquisición en la administración pública.
Todas las compras fueron avaladas y ordenadas por el administrador y jefe de compras, Carlos Melo.
En las irregularidades mencionadas también destaca que en el proceso de adquisición de materiales por parte de la Corporación de los Servicios Metropolitanos se encuentra que realizaron compras a la empresa Sala Técnica 90210, sin estar registrada en el Servicio Nacional de Contratistas (SNC) ni en la Alcaldía Mayor como proveedor, toda vez que figura como 'contratista de obras'.
Esta empresa recibió órdenes de compra entre el 3 de abril de 2008 y el 22 de mayo del mismo año, por un monto de BsF 1.737.287,07.
Cabe destacar que en un resumen de servicios, desde marzo hasta junio de 2008, se determinó que la corporación pagó BsF 701.435,51 a 42 empresas, entre las cuales sólo figuran dos cooperativas.
Oídos sordos. Las denuncias sobre éstas y otras presuntas irregularidades fueron formuladas hace algún tiempo por los trabajadores de la Corporación y tramitadas ante el partido de gobierno.
Un oficio dirigido a Carlos Escarrá y Aristóbulo Istúriz, ambos directivos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), fechado el 19 de mayo de 2008 pero recibido el 16 de junio del mismo año, llegó hasta las manos del teniente coronel Jiménez, asistente de la vicepresidencia del partido de gobierno, y nunca fue respondido.
En el documento, los trabajadores de la Corporación explicaban detalladamente los presuntos hechos de corrupción y mal manejo de los dineros públicos por parte del organismo metropolitano.
En respuesta al documento, varios obreros y empleados comenzaron a ser despedidos, pese a la inamovilidad laboral decretada por el Gobierno.
Ante esta reacción de la Corporación, los empleados acudieron al Ministerio del Trabajo, agrupados en el Comité para la Defensa de los Trabajadores de la Corporación de los Servicios Metropolitanos S.A.
La inspectora del Trabajo, Joulys Ávila, envió el oficio número 0493-2008 al representante de la Corporación para informarle que a partir del 9 de junio de 2008 todos los trabajadores y empleados quedaban amparados por la inamovilidad establecida por la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), por lo cual no podían ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones laborales 'sin justa causa calificada previamente por este despacho'.
Incumplimientos. El Ministerio del Trabajo ordenó posteriormente una visita de inspección a la Corporación de los Servicios Metropolitanos, la cual fue realizada por la doctora Mery Goitía el 20 de junio de 2008 a las 11 am.
Durante la constatación del debido cumplimiento de la normativa laboral, de empleo y de seguridad social por parte del empleador, la representante del Ministerio del Trabajo observó que de 49 objetivos, la empresa sólo cumplió con 13.
Esta inspección permitió conocer -entre otras cosas- que la empresa traspasa los límites máximos legales de la jornada laboral, exceden las cien horas semanales extraordinarias por trabajador, no tienen el permiso de la Inspectoría del Trabajo para laborar horas extras, no reciben el pago de 50% de recargo por hora extra laborada, en muchos casos no cumplían con el pago del salario mínimo y no entregaban recibos de pago a los trabajadores.
La lista de inobservancia de la ley continúa. No cumplían con la obligación de inscribir en el Seguro Social a todos los que prestan servicio allí, ni con el pago oportuno a dicho organismo del dinero descontado a los trabajadores, y tampoco estaban afiliados al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Faov) y mucho menos pagan los cestatickets de alimentación, entre otros 35 ítems de observaciones.
A partir de esa inspección, la cuerda se tensó entre los trabajadores y la directiva de la Corporación, que no subsanó las observaciones del Ministerio del Trabajo. REGRESAR |
