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El caso de Yajaira Herrera parecía bastante simple para el fiscal del Ministerio Público Leonardo Reyes.
La mujer, de 31 años de edad, fue detenida in fraganti por agentes de la Policía de Anzoátegui el 12 de septiembre de 2003. Los funcionarios vieron que arrojó un bolso negro sospechoso e intentó ocultarse en un rancho.
Luego de aprehenderla, los funcionarios recuperaron el bolso con 54 envoltorios con marihuana. Las dosis sumaban 34 gramos de la droga.
En febrero de este año se llevó a cabo el juicio oral contra la acusada. Las autoridades sólo pudieron llevar al tribunal a un testigo, que no recordaba con claridad lo que había visto hace casi cinco años.
'Cuando llegamos a la casa de la señora, ya ellos (los policías) tenían el procedimiento hecho y mencionaron lo que encontraron', afirmó.
La jueza segunda de juicio de Anzoátegui, Rocío Ramos, concluyó que este testimonio no aportó elementos que permitieran establecer que la droga pertenecía a Herrera, que fue declarada inocente y se le otorgó la libertad.
Radiografía de la impunidad. Este caso nunca fue reportado por la prensa. No obstante, refleja una situación que ocurre con altibajos en todo el país: la gran mayoría de los detenidos por delitos de drogas no son condenados.
El cuadro de impunidad surge al contrastar los datos relacionados con las aprehensiones reportadas por los organismos de seguridad, las acusaciones efectuadas por el Ministerio Público y las condenas impuestas en los tribunales de juicio.
La mayoría de los organismos oficiales relacionados con esta materia no divulga una información actualizada.
Por ejemplo, las tablas del Instituto Nacional de Estadística sobre administración de justicia solamente tiene cifras hasta 2003.
No obstante, la Oficina Nacional Antidrogas tiene reportes de las detenciones realizadas cada año. Además, desde 2002 Venezuela informa a la Organización de Estados Americanos sobre el número de acusados y condenados cada año, aunque de manera irregular. Esto se hace debido al Mecanismo de Evaluación Multilateral que aplica este organismo para determinar los avances de cada país miembro en la lucha contra el tráfico y consumo de estupefacientes.
En el primer año del período 2002-2006 el índice de impunidad llegó a 88%. Esto quiere decir que por cada 10 personas que fueron detenidas por casos de drogas apenas una fue condenada. De acuerdo con la estadística oficial en 2002 fueron apresadas 4.586 personas, pero sólo 549 (12%) fueron condenadas.
El mejor desempeño del sistema policial-judicial en materia de drogas se logró en 2004 cuando por cada 10 detenidos hubo 4 condenas. En este período, el índice de impunidad fue de 71%.
'Estamos ante un Estado de baja responsabilidad, en el que el Poder Judicial no está preparado para administrar justicia en esta materia tan complicada', afirmó Bayardo Ramírez Monagas.
Este abogado fue corredactor de la ley antidrogas vigente hasta 2005, y propuso ante el Poder Legislativo un anteproyecto que sirvió como base para reformarla.
'Las propias autoridades cometen un grave error al decir que el distribuidor no consume, y viceversa.
En realidad, el distribuidor puede ser consumidor ex profeso, para que le encuentren rastros de droga en la sangre, y no lo procesen por tráfico. Es una mala interpretación de la ley', advirtió.
Esto ocurrió en el caso de Javier Giraldo Palacios, de 41 años de edad, detenido en octubre de 2004 por la Guardia Nacional en Puerto Ayacucho.
El hombre tenía 9 pitillos de cocaína base, además de 140.000 bolívares antiguos. No obstante, el fiscal Wladimir Chaló le imputó sólo el delito de ocultamiento de drogas.
Como el peso de las dosis no sobrepasaba 1,4 gramos, el hombre alegó que la cocaína era para su consumo. Los testigos no comparecieron en el juicio, por lo que el juez Doménico Russo lo absolvió y ordenó que lo tratasen en un centro especializado.
Tanto Ramírez Monagas como la ex presidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Indebido de las Drogas (Conacuid), Mildred Camero, creen que las estadísticas de detenidos por estupefacientes se alimentan con pequeños traficantes y personas sorprendidas con dosis para uso personal.
Ramírez Monagas advirtió que de mantenerse esta tendencia se confirmaría que existe una estrategia para hacer de Venezuela un punto de tránsito de drogas a Estados Unidos, en la creencia de que tales sustancias pueden ser un arma contra el régimen capitalista.
Errores en la documentación. Las cifras de impunidad llaman la atención porque los acusados por regla general son personas sorprendidas en flagrancia.
De acuerdo con el ex jefe del Comando Antidrogas de la GN, coronel retirado Jairo Coronel, esto sucede porque los funcionarios policiales y militares fallan al documentar la relación entre el detenido y los elementos materiales que comprueban el tráfico de drogas.
Actualmente, Coronel es instructor de policías municipales y regionales en esta materia. Señaló que la ignorancia de las leyes y procedimientos en ese nivel le da argumentos a los abogados defensores.
'Hay como una tendencia para que ellos actúen fuera de la ley. Las policías municipales carecen de elementos para mantener la cadena de custodia en casos de drogas. Algunos funcionarios de cuerpos policiales guardan los decomisos en el parque de armas. Eso es muy grave, porque cuando venga el juicio no se podrá soportar la acusación', afirmó. REGRESAR |
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