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Son escalofriantes las cifras de víctimas de la inseguridad que atrincherada y apertrechada azota a la mayoría del país. Basta con echar mano a los 'partes de guerra' de las últimas horas publicados por los medios de comunicación para hacerse una idea de lo poco que vale la vida en estos tiempos en Venezuela: 'Ingresados 265 cadáveres a la Morgue de Bello Monte en apenas veinte días, provenientes del área metropolitana de Caracas y estado Vargas... En promedio cada día matan a16 venezolanos'.
'Tres muertos y 18 heridos por explosión de granada en el 23 de Enero'.
'Matan a cuatro hombres en Lídice al iniciar plan de seguridad'.
'Secuestrada empresaria en Puerto Ordaz'. 'Masacre en Los Alpes de El Cementerio deja cinco muertos y otras cuatro personas heridas'.
El hampa común, incluida la llamada 'de cuello blanco', hace de las suyas amparada en la impunidad y la desidia de los organismos del Estado obligados por la Constitución y las leyes de la República a brindar seguridad y protección a la familia venezolana. De iguales privilegios gozan quienes han hecho de la abominable práctica del secuestro el gran negocio, ahora en su modalidad express, que en los niños y jóvenes desprevenidos han conseguido la vía más rápida y fácil para hacer dinero. Los criminales que asesinan a diestra y siniestra igual en las zonas más desposeídas que en las más exclusivas de cualquier ciudad del país, saben que el delito tiene sus propias artimañas para evadir la justicia, lo que hace de la inseguridad no una simple 'percepción' como la calificara uno de los tantos ministros que han pasado por la cartera de Interior y Justicia, sino una realidad palpable, tangible, que se siente en la carne de los venezolanos que de alguna manera son víctimas de la inseguridad reinante.
Pero mientras el país se desangra victima de la indefensión frente a la delincuencia envalentonada -que por el saldo de muertes que arroja sólo los fines de semana nos hace reflexionar si acaso, efectivamente, vivimos en un país en guerra-, el Gobierno nacional, y los gobiernos regionales y municipales que tienen que cargar con su cuota de responsabilidad, parece restarle relevancia a este gravísimo problema que se ha convertido, según incluso encuestas oficiales, en la principal preocupación de más del 70 por ciento de los venezolanos. Al parecer asumen los gobernantes que con simples cambios de ministros o con medidas distraccionistas, como el supuesto 'magnicidio', pueden esconder una realidad que siente la población las 24 horas del día.
La inseguridad personal y el descarado incremento de la delincuencia son el talón de Aquiles de las políticas oficiales, que no logran acertar en cuanto a cómo implementar planes realmente efectivos -no parchitos calientes como el reciente Plan Caracas Segura cuyos pobres resultados saltan a la vista- que recuperen para el ciudadano el sosiego, la paz y el Estado de Derecho.
No en vano, la insatisfacción del venezolano en cuanto al impacto de las estrategias gubernamentales para frenar este flagelo alcanza cifras altísimas, cercanas al 90 por ciento. La situación no es diferente al evaluar la gestión oficial para mejorar la actuación de los cuerpos policiales, penetrados hasta los tuétanos por la corrupción y cuya complicidad con las bandas delictivas pone en evidencia su grado de descomposición. REGRESAR |
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