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| Contratando con empresas extranjeras, el gobierno ha mantenido su antipatriótica estrategia de subsidiar a otras economías en la búsqueda de soluciones habitacionales que no quiere concertar con productores nacionales. No son sólo los empresarios y profesionales los que cuestionan este modelo exógeno, excluyente, y demoledor, que desdeña el talento y los derechos de los venezolanos, sino las familias sin techo que claman a gritos la atención que sí brinda generosamente más allá de nuestras fronteras. La exclusión del sector privado frena la construcción y magnifica el déficit, mientras los foráneos son invitados con todas las prebendas. En el 2005 el gobierno inició sin resultados millonarios negocios con empresas extranjeras. Veamos lo sucedido con la empresa uruguaya Unión Metalúrgica del Sur S.A. (UMISSA), cuyo manejo se ha convertido en una intrigante novela por entregas. El Fondo Bolívar- Artigas, creado en el 2005, con recursos de PDVSA y ANCAP (Empresa Nacional de Combustibles del Uruguay), asignó US$156 millones para vivienda, de un fideicomiso por US$270 millones. (UMISSA) ganó la licitación para el envío de 12.000 kits para armar igual número de viviendas destinadas a damnificados. Nadie se ocupó de investigar las denuncias En el 2007 la coordinadora del convenio en el Ministerio de Vivienda y Hábitat, Arq. Luciandys Ordosgoytti, denunció ante la AN presunta estafa en su ejecución. Aseguró que el material plástico utilizado en las viviendas es nocivo para la salud y fue descontinuado en Uruguay, según ratificó después el ex director de Vivienda, José Camarda. Igual fue destituida por obstaculizar el contrato. A pesar de las sombras sobre los materiales, el Mandatario Nacional (Aló Presidente Nº 254) dijo que Venezuela canjearía por 200 años su petróleo a cambio de la tecnología para construir con rapidez unas cien mil soluciones habitacionales. Nadie se ocupó de investigar las denuncias a pesar que en Venezuela existen leyes e instituciones coordinadas por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER) para certificar la calidad de los materiales. Pero hay más: los kits que se han enviado a Venezuela para finales del 2007, apenas si representan el 33% de lo acordado. Con estos kits se hubiesen podido armar unas 4.000 casas, pero para colmo de males, los mismos no llegaron completos, amen que requieren de mano de obra cuya formación aún está en proceso. Sólo se han levantado 24 casas cuya ubicación se desconoce. Todo esto evidencia un descarado incumplimiento del contrato. Sin embargo la Contraloría tampoco ha actuado. Vacas preñadas El venezolano Norberto Barcos y el uruguayo Alejandro Lagrenade son las cabezas de Umissa. Aparte del negocio de las casas, participan en la exportación de vacas preñadas y en la venta de las usinas potabilizadoras de agua (UPA), todo por cuenta del Fondo Bolívar- Artigas. Ambos enfrentan una investigación en el parlamento uruguayo por la versatilidad de negocios financiados por un mismo pote. En el 2003, Lagrenade, fue denunciado en el Parlamento y el Ministerio de la Vivienda de Uruguay por la mala ejecución del proyecto de viviendas de la cooperativa uruguaya Dionisio Díaz. Ahora la jueza del Departamento de Delitos Económicos de Montevideo, Fanny Canessa, dispuso el levantamiento del secreto bancario de dos cuentas, una de la empresa UMISSA y otra tendría como titulares a Antonini, Lagrenade, Barcos y Gabriela Alcalá, tras una denuncia policial del padre de un exsocio de Antonini, Franklin Durán (procesado por el caso del Maletín). Según la denuncia, de la cuenta de Umissa que recibió un anticipo de US$23.320.050 del gobierno venezolano por el contrato de las casas prefabricadas, se desviaron US$18 millones a la cuenta conjunta y que de allí se giraron fondos para Antonini y su esposa en Miami. La empresa dijo que los fondos enviados a Antonini eran para adquirir los insumos de las casas. ¿Cómo es que el Estado venezolano contrata con una empresa cuestionada administrativa y tecnológicamente sin infraestructura, existiendo en el país compañías consolidadas? ¿Quién vela por el patrimonio nacional ante este nuevo fraude entre tantos otros que desangran al país? Lástima que se insista en seguir decepcionando a las familias que sufren el drama de no tener donde vivir. REGRESAR |
| Fecha publicada: 23/09/2008
Fuente: Reporte
Tema: bienes
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