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El cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sobre las cuotas para pagar la inicial fraccionada de viviendas en preventa (que no están construidas o en proceso de construcción), se ha convertido en un dolor de cabeza para muchas familias.
De acuerdo con los casos consignados en la Federación Venezolana de Consumidores y Usuarios (Fecavu), se demuestra que muchas veces el costo inicial que se ofrece por un inmueble en preventa termina incrementándose por el cobro del IPC que, de acuerdo a la argumentación de Fecavu, es ilegal, dado que en principio se cobra por la variación de un indicador como si se tratara de un interés y además se hace de manera indexada, es decir, intereses sobre intereses.
En un caso concreto se demuestra que por un apartamento que inicialmente ofrecían por un precio de 275.981 bolívares fuertes, según los cálculos del comprador terminará costando entre 400 y 500 mil bolívares fuertes.
En este caso se ofreció una inicial fraccionada en 24 meses; el comprador hizo la negociación con BsF 3 mil y pagos mensuales por mil bolívares fuertes; pero sucede que al incluirle el IPC la cuota número 11 le quedó en 40 mil bolívares fuertes más los 5 mil bolívares fuertes que debe cancelar cada tres meses por IPC.
Además, se le dijo al comprador que no podían adelantarle cuál sería el monto de la siguiente cuota especial, pues dependía de la variación del IPC durante las 12 cuotas que faltaban por pagar.
En otros casos donde las personas hacen negociaciones con mayor cantidad de dinero, por ejemplo con 12 mil bolívares fuertes, cobran una cuota especial cada tres meses donde incluyen el IPC; así que los compradores de estas viviendas en preventa no saben de cuánto será la cuota especial que deberán pagar, pues todo depende de la variación del indicador, dado que no se trata de un interés fijo sino de las fluctuaciones de precios de bienes y servicios.
Los testimonios de quienes viven esta situación develan angustia, al no saber cuánto pagarán por el inmueble que compraron 'en plano'.
EN ESPERA DE LA SENTENCIA
La Federación de Consumidores y Usuarios está a la espera de la decisión del TSJ después de que interpusiera una demanda en nombre de la asociación Asuselectric, por el cobro del IPC en conjuntos residenciales que se ofrecieron en preventa, donde están involucradas miles de familias y sienten que están en presencia de una estafa por cuanto creen que el cobro del IPC es ilegal, dado que no se trata de un interés sino de un indicador de precios de bienes y servicios. REGRESAR |
| Fecha publicada: 26/09/2008
Fuente: Últimas Noticias
Tema: bienes
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