El pasado mes de febrero la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que requiere, al Estado venezolano, proteger la vida de los reclusos en los internados judiciales Rodeo I y II.
A ocho meses de la medida, basada en informes del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, presidente de la organización no gubernamental, afirma que persisten los problemas que generaron la resolución de la CIDH.
En el texto se pide al Estado 'que adopte las medidas provisionales que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad en el Internado Judicial Capital Rodeo I y Rodeo II, en particular para evitar heridas y muertes violentas'.
La Corte pide desarmar a la población reclusa. Según el Observatorio, ese desarme no se ha cumplido y así lo evidencian las muertes a tiros y chuzazos de los presos y los estallidos de granadas con saldo de muertos y heridos, no sólo entre presos sino también de sus familiares, pues algunos sucesos han ocurrido en días de visita.
Se mueve dinero. Las armas son un negocio que mueve mucha plata. 'Los presos pagan BsF 8 mil (Bs 8 millones) por comprar un arma dentro del penal. Si el arma es suya y quiere pasarla paga BsF mil 500 (Bs. millón y medio). Una granada vale BsF 4 mil (Bs. 4 millones)', detalló.
Ingresar un celular al penal cuesta BsF 300 (Bs. 300 mil). Si lo decomisan en una requisa, pagan un rescate de BsF 50 (Bs.
50 mil).
Otros problemas que no han sido resueltos y que son mandato de la CIDH son clasificar, agrupar, y separar por categorías a los reos, brindarles atención sicológica y de salud ,y resguardar la vida de internos, visitantes y funcionarios.
En 2007 se produjeron 51 muertes de reclusos y 101 reos resultaron heridos.
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