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Cuando Protección Civil Sucre censó las viviendas en alto riesgo ubicadas en el sector San Isidro, parroquia Caucagüita, Yamilet Terán estaba embarazada. Ya su niña tiene tres años y, junto a sus tres hermanos, crece amenazada por la pared de la sala, que está a punto de rajarse a la mitad.
Las lluvias del fin de semana ensancharon las grietas hasta un estado atemorizante. El certificado de vivienda en riesgo, primer paso para optar a un nuevo domicilio, data de 2005. Terán lo resguarda con celo del agua que se filtra por todas las paredes de la casa cuando llueve.
Con ese documento en mano, el paso siguiente es presentarse al Ministerio de Hábitat y Vivienda. Allí es gruesa la carpeta que se debe consignar: partida de nacimiento de todos los habitantes de la casa, cédula de identidad, constancia de concubinato (de ser el caso), carta de residencia, documentación de la vivienda, carta de damnificado, certificación de los Bomberos y de Protección Civil.
Completar los recaudos puede durar hasta un año. Luego comienza la otra agonía: esperar que los funcionarios del Ministerio realicen la inspección de la morada con sus respectivas fotos. Acto seguido, sólo en teoría, se procede a asignar la nueva vivienda.
A Gladys Mejía se la dieron, después de tres años de espera, pero la morada estaba en Maturín y su trabajo en Petare.
La madre soltera de dos hijos (una niña epiléctica) rechazó mudarse al interior del país y sigue 'arrimada' en la casa de su madre, una vivienda en San Isidro, que corre el riesgo de que un pared agrietada le caiga en- cima. A Mariela Cisneros, con las lluvias del domingo, se le cayó un pedazo de la cocina en San Isidro. Así como ella, en Caucagüita esperan por viviendas seguras 1.052 familias, en Mariches la cifra alcanza las 1.320 familias y en La Dolorita a 160.
La espera que desespera Ayer, la ciudad fue víctima del desespero de 568 familias damnificadas de Vargas que perdieron sus casas en la tragedia del 99 y las vaguadas siguientes.
A las 12:05 del mediodía la impaciencia de unas setenta personas se desbordó. Trancaron la avenida Principal de Las Mercedes, a la altura del Ministerio de Hábitat y Vivienda, y pasados diez minutos el caos se trasladó hacia todas las transversales de la urbanización.
Desde Chacaíto hasta el centro comercial El Tolón se avistaba una masa compacta de vehículos inmóviles y muchas secretarias que no pudieron almorzar a tiempo. La tranca se extendió hasta pasadas las 2 pm.
El grupo de varguenses, provenientes de Naiguatá, Caraballeda, La Guaira, Macuto, Catia La Mar y parroquia Soublette, ya había cerrado la avenida la noche del lunes. Ese día la jornada acabó mal. Luego de que la viceministra de Hábitat y Vivienda, Dominga Hernández, les mostrara una lista que sólo adjudicaba viviendas a 100 familias de las 578 damnificadas, funcionarios de la Policía Metropolitana agredieron a cuatro de las voceras del grupo, entre ellas Gregoria García, que ayer, con hematomas en las piernas, denunció el hecho en la Fiscalía.
'En julio, la viceministra se comprometió a realizar las inspecciones de nuestras viviendas, se inspeccionaron 315, pero todavían restan 263', reclama Florey Romero, y agrega que las casas que están adjudicando están ubicadas en Guárico, Barinas o Punto Fijo.
García explicó que ha recibido más de seis denuncias de cobros ilegales para la adjudicación de las viviendas que construye el Gobierno nacional, irregularidad que dio a conocer a las autoridades del Ministerio.
Durante la protesta se reiteraron estas denuncias. 'El conjunto residencial de Playa Grande lo están negociando en vez de entregarlo a los damnificados. Los están vendiendo en 10 millones', denunció Yamilet Padrón, quien vive en la casa de su abuela en La Guaira, mientras espera ser reubicada.
'Ya nos censaron, ya consignamos todos los recaudos, y ya se hicieron las inspecciones, será que tenemos que invadir para ser escuchados', se preguntaban los varguenses que amenazan con dormir en las aceras hasta obtener una respuesta. REGRESAR |
| Fecha publicada: 01/10/2008
Fuente: El Universal
Tema: bienes
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