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La respuesta del profesor Luis Acuña, ministro de Educación Superior, de ofrecer sólo 30 por ciento en lugar del 43 por ciento de aumento de sueldos exigidos por los docentes universitarios, contradice al presidente Chávez y sus ministros sobre la solidez de la economía y situación financiera del país, en opinión del sociólogo Amalio Belmonte, secretario de la UCV.
El profesor Luis Acuña expresó en rueda de prensa que otorgaría a profesores y empleados un aumento del 30 por ciento sobre el salario actual, diferente al 43% solicitado por los gremios, el cual se haría efectivo el próximo 30 de octubre, quedando pendiente el monto de enero a septiembre de este mismo año.
Contrariando la opinión de sus colegas encargados del área económica, argumentó que no disponía de recursos suficientes para honrar el total de lo adeudado por los efectos de la crisis económica mundial.
'Este predicamento difiere de la convicción manifestada por el Presidente de la República acerca de la solidez del modelo económico socialista bolivariano, ajeno a vicisitudes menores del capitalismo', dijo Belmonte.
INCUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO
Nos preocupa el incumplimiento del MES con las solicitudes presupuestarias de las universidades nacionales, acotó la autoridad académica. Y más aún la acusación sin fundamento dirigida hacia la UCV según la cual esta institución ha retenido el 45% de su presupuesto en cuentas bancarias durante los últimos 5 meses.
Las autoridades de la UCV hemos acordado rechazar este infundio e invitarle a asistir a la próxima reunión del Consejo Universitario para que nos exponga con precisión la base de estos señalamientos. Así, queremos apelar a la responsabilidad inherente su cargo, para aclarar esa situación y exigirle el trato respetuoso que nos merecemos.
DECISIONES EXCLUYENTES
Igualmente, manifestó Belmonte, consideramos inconveniente que los asuntos del MES sobre aumentos salariales y asignación de presupuesto los informe del ministro a la opinión pública, acompañados sólo con representantes del sector oficial, en desconocimiento de los organismos gremiales naturales. Esta actitud propende a desconocer la legitimidad de las asociaciones profesorales.
Finalmente, causó mucha sorpresa la condena del ministro a la 'politización de la discusión presupuestaria de las universidades', cuando su despacho y el Gobierno en general no ahorran argumentos para afirmar que la educación es un problema ideológico y político, que no puede ser concebida de forma distinta al pensamiento oficial. En ese sentido, el ministro debería explicarle a las universidades y al país las razones por las cuales su despacho modificó las estructuras internas para facilitar la educación superior regida por la ética socialista.
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