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| El viernes 17 de octubre a última hora de la tarde, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio otro madrugonazo en materia jurídica. Complaciendo los deseos del Primer Mandatario y luego de un rebuscado razonamiento, la Sala Constitucional decidió que ningún arbitraje, mediación, conciliación o cualquier otra forma de resolución de conflictos, sería vinculante al Estado venezolano, a menos que los mismos sean previamente autorizados por el gobierno. Con esta decisión se responde un recurso de interpretación del artículo 258 de la Constitución de 1999 interpuesto por un grupo de abogados oficialistas, entre los cuales se encuentra la ex magistrada Hildergard Rondón de Sansó. De nuevo el TSJ se salta a la torera el texto constitucional, y lo hace de forma acomodaticia a los deseos y objetivos de Hugo Chávez. La norma constitucional violentada establece 'Que la Ley promoverá el arbitraje, la conciliación la mediación, o cualquier otro medio alternativo para la resolución de conflictos'. Al parecer de los Magistrados de la Sala Constitucional, el verbo promover no implica aceptación del mandato ni lo hace obligatorio o vinculante. Aparte de que la interpretación luce sesgada, pareciera no haber tomado en consideración que Venezuela es firmante de varios tratados internacionales que tienen cláusulas obligantes en materia arbitral, siempre y cuando el mismo esté previsto en los contratos firmados. Entre estos tratados se cuentan el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi, o Uncitral, por sus siglas en inglés). ExxonMobil, Conoco Philips y Vannessa Ventures Con esta decisión Hugo Chávez, el presidente de PDVSA Rafael Ramírez y la ex Magistrada Rondón de Sansó, podrán llenarse la boca afirmando que las resoluciones de tribunales internacionales que no les convengan a sus intereses son inconstitucionales, no tienen validez en Venezuela y por tanto no los acatarán. Pero, por más que lo quieran desconocer, el punto es que Venezuela está obligada a aceptar las resoluciones de los tribunales de arbitraje internacional en los casos de querellas en curso, entre otros los de ExxonMobil, Conoco Philips y Vannessa Ventures. Con estas empresas el Estado Venezolano firmó contratos con cláusulas arbitrales convenidas entre las partes. En caso de que el gobierno insista en desconocer esos laudos arbitrales, se tropezará con un detalle difícil de solventar: El resto de los países firmantes de los convenios sí los reconocerán y los acatarán. De allí que Venezuela se expone a un grave riesgo, en el caso de una resolución a favor de ExxonMobil, Conoco Philips y Vanessa Ventures por haberse apropiado indebidamente de los activos de esas empresas. Por ejemplo, PDVSA o de cualquier otra empresa estatal podrían ser objeto de medidas de confiscación en el exterior en contra de tanqueros de petróleo que se encuentren en altamar, barcos cargados de aluminio, cuentas bancarias o instalaciones de Citgo. Es una 'ingenuidad', que raya en la irresponsabilidad que el gobierno y sus acólitos en la magistratura piensen que al descocer los mandatos de los tribunales de arbitraje internacional podrían pasar sin efectos negativos para el país. Tarde o temprano el Estado venezolano deberá responder por las arbitrariedades e ilegalidades de los gobernantes de hoy. REGRESAR |
| Fecha publicada: 21/10/2008
Fuente: Reporte
Tema: leyes
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