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Mientras inversionistas como la francesa Total y la británica BP abandonan Venezuela a cambio de una indemnización de 250 millones de dólares que “el gobierno les mete por el buche” para que salgan de los campos petroleros de Jusepín, en las principales ciudades del país el ambiente se viene caldeando con la puesta en vigencia de la nueva Ley Popular contra el Acaparamiento y la Especulación.
Una fuente del Indecu, que no quiso revelar su nombre, afirmó que el volumen de trabajo de esa institución se ha incrementado brutalmente, hasta el punto de agotar la papelería y saturar la paciencia de sus funcionarios.
La puesta en marcha del decreto 5.197 otorga poderes discrecionales a estos funcionarios, que pueden sancionar con multas y cierre a los comerciantes que se nieguen a vender los productos de la cesta básica a los precios estipulados.
En efecto, el artículo 16 del decreto señala que el Indecu procederá a cerrar temporalmente el establecimiento o local por un máximo de 90 días, cuando haya verificado que la calidad y los precios están alterados, sus propietarios se niegan a vender los productos, los artículos de consumo están caducos o en mal estado o simplemente haya reiteración de cualquiera de “las conductas previstas” en la norma.
Lejos de normalizar la situación, el decreto que entró vigencia el 16 de febrero ha agudizado la crisis.
Cada día son más los comerciantes que se niegan a comprar carne y otros productos de la dieta básica regulados. Aducen que no hay gobierno que pueda obligarlos a vender a pérdida.
Esto es lo que ha venido abonando el terreno para el surgimiento del caos y la anarquía. Los consejos comunales son co-participan- tes en la aplicación de este decretoley y en algunas regiones y barriadas se lo han tomado muy a pecho, según la versión ofrecida por funcionarios del Indecu.
“Podría generarse una situación indeseada de saqueos porque algunos líderes de los consejos comunales se erigen por encima del aparato burocrático del Indecu y quieren tomar la ley en sus manos”, dijo la fuente.
El consultor y analista Marco Aurelio Rodríguez lo explica así: “El problema es que los controles no permiten que se equilibren los mercados y se generan estos problemas de desabastecimiento que estamos observando desde hace algunas semanas. Eso no se arregla con leyes, decretos y multas sino sincerando los precios”.
CONSECOMERCIO INTENTARÁ LA NULIDAD
Al igual que lo hicieron anteriormente contra algunos artículos de la ley que creó el Indecu, Consecomercio intentará un juicio de nulidad contra el decreto emanado de Miraflores. “No hay otra salida.
Atenta contra la libre empresa”, dice Noel Alvarez, líder del sector comercial venezolano.
–Pareciera entenderse, inferirse del articulado, que el organismo que va a llevar adelante esto es el Indecu, pero ahora tenemos dos Indecu, porque el Seniat está haciendo allanamientos, fiscalizaciones e incautaciones con base en este decreto.
No sabemos por qué.
Por otro lado, aquí los consejos comunales son un arma de doble filo, porque se les están dando facultades discrecionales inmensas sin que aún hayan sido normadas esas instituciones–, explica Alvarez.
Todo hace suponer que la inflación los tiene preocupados. Los datos arrojados en los dos primeros meses dibujan un panorama inflacionario que el gobierno pretende combatir de manera punitiva.
Ahora mismo hay miedo en los mercados. A las visitas poco amistosas de los funcionarios del Indecu y del Seniat se suman ahora las de los líderes comunales, todo lo cual crea un ambiente que hace imperativo el cierre de las santamarías.
“Esa es una ley muy punitiva y muy discrecional”, dice Alvarez.
“Permite hacer decomisos sin la previa declaratoria de utilidad pública y no establece cuáles son los artículos de la dieta básica susceptibles de decomiso”, añadió.
La incertidumbre ha vuelto. Los comerciantes e industriales pueden abrir una mañana y de inmediato ver cómo le decomisan desde el queso Paisa hasta el desodorante Mum bolita, artículos que luego pasan a engrosar los activos de los consejos comunales del sector donde está ubicado el negocio.
“Eso no es un incentivo. Tratarán de hacer valer la ley a troche y moche, lo cual no puede ser más pernicioso para nuestra economía y finalmente será un flaco servicio para el estado de derecho y el normal desabastecimiento.
Por eso vamos a demandar la nulidad de esa ley”, indicó Alvarez. REGRESAR |
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