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¿Es viable el presupuesto público de 2009 con un precio del crudo a 60 dólares por barril y una producción petrolera de 3,6 millones de barriles diarios? A criterio de los técnicos del Gobierno sí; y por ello los ministros de la economía descartan una modificación en las premisas que se utilizaron para el plan fiscal del próximo año, que prevé un gasto por 167,4 millardos de bolívares fuertes.
Sin embargo, la situación no luce clara, sobre todo sobre las perspectivas que se presentan en materia petrolera, y por ello se prefirió diferir la interpelación en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, según confirmó el presidente de esta dependencia, Ricardo Sanguino, quien no precisó la nueva fecha para que comparezcan las autoridades con el fin de aclarar ante los parlamentarios las proposiciones que sustentan el proyecto presupuestario.
Las dudas surgen toda vez que el presupuesto se hizo asumiendo un aumento de producción a 2,6 millones de barriles diarios y de forma paralela Venezuela, como miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se comprometió a reducir los volúmenes que está colocando en el mercado exterior con el fin de fortalecer los precios y evitar que se ubiquen por debajo de 80 dólares por barril.
Por otra parte, una fuente vinculada al parlamento comentó que se consideró conveniente evitar la presencia del ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, en la asamblea justo en la misma semana que se conoció el veredicto que condenaría a Franklin Durán a 15 años de prisión por el caso de la maleta con 800.000 dólares y por las declaraciones que dio Guido Antonini, quien ratificó que ese dinero provenía de Pdvsa y se utilizaría para la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Kirchner.
Rápida aprobación. En lo que sí hubo avance ayer en la Asamblea Nacional fue en la aprobación en plenaria de un crédito adicional por 2,9 millardos de bolívares fuertes, al cual se le dio el carácter de emergencia, es decir, sin pasar por la obligación de ser revisado y aprobado por la Comisión de Finanzas del parlamento, y cuyo destino es atender obligaciones de gobernaciones y alcaldías referidas al cumplimiento del incremento salarial ordenado en abril de este año.
El presidente de la Comisión de Finanzas, Ricardo Sanguino, justificó la urgencia de la operación con la finalidad de atender los compromisos vinculados al pago de sueldos que deben realizarse a fines de año, principalmente en lo que respecta a la cancelación de aguinaldos.
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