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Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 19, 'El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público'.
De igual manera, señala en el artículo 26, que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Además de tener una garantía por parte del Estado que le asegure una justicia gratuita, accesible, imparcial, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita.
Sin embargo, estas condiciones no se cumplen a cabalidad en nuestro país, y las situaciones infrahumanas en las que conviven los internos de los diferentes centros de reclusión en Venezuela ha llegado a límites insospechados.
Los presos deben soportar además la rotura de las altas temperaturas por falta de ventilación y hacinamiento, en ocasiones las constante fallas en el suministro de agua y más recientemente las relacionadas a los apagones eléctricos. Las pésimas condiciones de habitabilidad provocan que ante el mínimo problema, los reclamos sean fuertes y siempre se esté al borde de un conflicto mayor. Ante la falta de espacio, se utiliza hasta el último rincón de la cárcel para albergar presos.
Si bien la superpoblación lamentablemente no es nueva, parece difícil de imaginar que en una cárcel como Tocorón (estado Aragua) con capacidad para 550 detenidos estén alojados casi el doble de reos. Los derechos humanos de los reos son constantemente violados y las instituciones públicas parecen no poder solucionar esta problemática que se acrecienta cada vez más, la principal causa, los retrasos procesales y deficiencia en el sistema judicial.
DEFENSA PÚBLICA
En búsqueda de solucionar parte de las causas de estos problemas, el 29 de agosto de 2000 fue publicado en Gaceta Oficial la Resolución por la cual se creó el Sistema Autónomo de la Defensa Pública, la cual fue emitida por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.
Esta institución tiene como misión 'garantizar el derecho a la defensa gratuita a todos los ciudadanos y ciudadanas, prestando un servicio de orientación, asesoría, asistencia y representación legal eficiente y eficaz, en los ámbitos de su competencia, contribuyendo con una administración de justicia imparcial, equitativa y expedita'.
Entre sus objetivos estratégicos está el fortalecer continuamente los procesos de asistencia, asesoría orientación y representación al ciudadano; mantener un proceso de información y comunicación con la comunidad sobre el servicio que presta la Defensa Pública, así como los medios de acceso y los procedimientos a seguir.
No obstante, aun cuando se están poniendo en marcha programas y mecanismos para mejorar la crisis carcelaria, muchos aseguran que actualmente se están violentando derechos en el país y que la problemática va en aumento.
ESPACIO PÚBLICO
Carlos Correa, director de Espacio Público es uno de los que considera que en el país no existen mecanismos eficaces para superar las violaciones en cuanto a Derechos Humanos, al tiempo que exigió que 'se investigue, se sancionen los responsables y se repare y eso está generando problemas estructurales muy graves en cualquier tema que se quiera abordar'.
En este sentido, Correa mencionó argumentos como la situación carcelaria y la seguridad ciudadana. 'Tenemos más de 500 muertos anuales en nuestras cárceles, es una situación de violencia de las más altas en el hemisferio; la seguridad ciudadana es el problema más apremiante para el venezolano, en Venezuela tenemos más de 12 mil muertes violentas al año y el Estado tiene la obligación de investigarlas y sancionarlas', agregó.
Advirtió que se debe asumir la tarea de fortalecer la institucionalidad. 'No puede ser que cuando un funcionario del Ejecutivo hace una declaración, semanas después sale una sentencia que le da la razón', fustigó.
Pero cómo obtener una respuesta imparcial frente a los casos, si el propio Tribunal Supremo de Justicia desconoció la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reponer a los magistrados de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo que habían sido destituidos de sus cargos.
En este sentido, Carlos Correa señaló hace unos días que 'esto genera una percepción de que no se va a obtener ninguna respuesta imparcial frente a los casos; y genera una indefensión y una orfandad en los ciudadanos porque no tienen forma de defenderse frente al atropello del Estado'.
El también profesor del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó que hay una relación muy clara entre democracia, derechos humanos y desarrollo. 'La posibilidad de superar la injusticia social y la inclusión social pasa porque se respeten los derechos humanos y las normas de la democracia', dijo.
¿Y LOS INDULTOS?
Recientemente Tarek El Aissami, ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia informó que en Gaceta Oficial se decretó la creación de una comisión que evaluará indultos y así buscar formas que contribuyan a mejorar la situación.
El titular de Interior y Justicia, explicó que estos procesos están orientados hacia personas que hayan manifestado positiva y favorablemente un régimen de tratamiento, y manifestó que también se formará el Consejo Nacional Penitenciario para capacitar a los ciudadanos indultados.
Así lo dio a conocer a principios del mes de octubre, cuando indicó que el Gobierno nacional busca implementar una política permanente de indultos, acompañada de un proceso de evaluación continua tanto pre, intra y post penitenciaria.
Esta nueva comisión que evaluará el tema de los indultos estará representada por parte del Ministerio Público por Tamara Duque, Pedro Maldonado, Alejandro Castillo e Ismael Serrano.
Estos procesos están orientados hacia personas que hayan manifestado positiva y favorablemente un régimen de tratamiento y el Consejo Nacional Penitenciario se formará con el fin de capacitar a los ciudadanos indultados, formarlos y buscarles el enlace con las instancias para el otorgamiento de créditos y otras ayudas.
Sin embargo, cabe preguntarse si realmente esta medida de gracia, que confiere la Constitución, será implementada para mejorar la situación carcelaria e incorporar nuevos principios y valores o sólo para cumplir con una costumbre.
LAS PROMESAS
Pero prácticamente hasta ahora son sólo proyectos y junto a estos existen una larga lista de promesas incumplidas con los procesados y condenados, así como con los funcionarios profesionales especializados en cuestiones carcelarias.
Cabe recordar que para finales del año 2004, el Gobierno declaró la emergencia carcelaria nacional y creó una comisión presidencial para que se ocupara con rapidez y eficiencia en la misión de darle 'respuesta a la creciente violencia en las cárceles del país'.
Pero estas promesas no se han visto aún materializadas. Sin embargo, se vieron en la obligación de presentar ante el país un Plan de Transformación del Sistema Penitenciario 2006-2011. Entre los objetivos estaba planificado invertir 900 millones de dólares para 'humanizar las cárceles del país y transformar el sistema penitenciario'.
Ante la crisis que se está viviendo, las falsas promesas de construcción de nuevas cárceles y la promoción de un novedoso concepto de sistema penitenciario son casi sueños o ideas platónicas que difícilmente se ven ejecutadas siquiera en las mentes de aquellos que se encuentran más necesitados por la reestructuración. REGRESAR |
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