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El Ministerio Público consignó un escrito ante el Juzgado 4° de Juicio de Maracay oponiéndose a que sean liberados los ocho policías metropolitanos y los tres comisarios procesados por hechos del 11 de abril de 2002.
La Fiscalía dice en su escrito que no procede la liberación de esos policías, toda vez que están en pleno juicio y los delitos que les achacan constituyen 'graves violaciones a los derechos humanos'. Añaden que ya el pasado 13 de abril de 2007 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia había negado una petición similar para liberarlos.
La Sala argumentó en esa ocasión que los procesados por graves violaciones a derechos humanos estaban excluidos de beneficios procesales, según consta en la sentencia 626 del 13-4-2007, con ponencia de Carmen Zuleta de Merchán.
Los abogados de los ocho policías y los tres comisarios invocaron otra sentencia de la Sala Constitucional para solicitar la libertad de sus clientes.
Esta vez fue la número 894, publicada el pasado 30 de mayo y con ponencia de Marcos Tulio Dugarte Padrón. Los abogados traen esa sentencia como un ejemplo de que sí se puede conceder una libertad condicional a funcionarios policiales procesados por homicidio, tal como lo hizo la Sala Constitucional al favorecer a 8 policías de Guárico con una medida de libertad condicional. Por cierto que esos 8 policías guariqueños, acusados de proveer un rolo con el que otros reos mataron a un recluso en San Juan de los Morros, fueron asistidos por Antonio Molina, quien a su vez es abogado de las víctimas del 11 de abril, ésas que intervienen en el juicio contra los ocho metropolitanos y los tres comisarios. El Tribunal 4° de Juicio de Maracay aún no ha decidido nada al respecto. REGRESAR |
| Fecha publicada: 12/11/2008
Fuente: Últimas Noticias
Tema: gobierno
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