Los hampones que pululan por el país mataron a 8.400 personas entre enero y el 15 de noviembre; más del 90 por ciento los casos quedan impune, porque los cuadros policiales han perdido capacidad de investigación, o porque en ciertos tribunales penales le ponen más atención al mandato del Código Orgánico Procesal Penal, que al delito perpetrado por el sujeto.
La estadística fue organizada por el doctor Rafael Narváez, quien está dedicado a estudiar la incidencia delictiva en Venezuela con la intención de alertar a las autoridades que deben velar por los Derechos Humanos. Enfatizó que durante los últimos años las víctimas más frecuentes de los grupos hamponiles, son los motorizados. A partir del 2006 la cifra de homicidios se incrementó a nivel de motorizados. Los recaudos ofrecidos por el Cicpc revelan que entre el 2007 y el 2008, fueron ultimados a tiros 76 motorizados. En ese mismo lapso fueron robadas 630 motos. Apuntó Narváez, que la moto tiene como objetivo principal la ocupación de los repuestos. La mayoría de los vehículos de este tipo que han sido robados, son de procedencia china, cuyas partes escasean en Venezuela. Apuntó luego que los trabajadores sumados al transporte público de pasajeros, han sido las víctimas habituales de los pandilleros. Entre enero y noviembre de este año, han sido abatidos 21 mototaxistas, 35 conductores de jeep para rutas troncales de la gran Caracas y 26 conductores de autobuses. La estadística señala como las ciudades más violentas son el área metropolitana, donde ocurrieron 1.890 homicidios entre lunes y viernes de cada semana. En Carabobo 1.700, en Lara 630 y en Bolívar 540 homicidios.
Concluyó el doctor Rafael Narváez al indicar que los hechos de violencia se han incrementado porque el Gobierno no cuenta con una política eficaz para proteger la vida de los ciudadanos, mientras el director de la Policía Científica, comisario Marcos Chávez, desmanteló los cuadros policiales que tenían capacidad de investigación y olfato de pesquisa. En el mismo orden, han sido despedidos fiscales del Ministerio Público de experiencia, y han dejado de lado la contratación de otros 1.500 profesionales necesarios para la aplicación de justicia. Por último, el ciudadano común no cuenta con la ayuda de la Defensoría del Pueblo. Analizados estos cuadros, sólo se le debe pedir a los venezolanos que guarden la mayor precaución posible, porque delincuentes y matones están en cualquier lugar del país, mientras los funcionarios policiales de alto rango son protegidos por guardaespaldas, pagados con recursos del erario público, obtenido con base a impuestos nacionales, distritales o municipales. REGRESAR |
