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En agosto de este año el Gobierno decidió excluir del control de precios el atún fresco y en lata.
El producto estuvo regulado desde marzo de 2003. Ahora, una lata de 170 gramos se vende a un precio sugerido de entre 2,70 y 3,70 bolívares fuertes, mientras que el kilo fresco cuesta en las pescaderías entre 19 y 25 bolívares fuertes. La medida de eliminación del control de precios para este alimento permitió que las empresas enlatadoras de productos del mar ajustaran sus costos de producción a la inflación. Según el Banco Central de Venezuela, los productos pesqueros aumentaron entre enero y octubre 24,4% y en 12 meses la inflación para estos alimentos llegó a 29,6%.
Con la exclusión de este producto de la regulación las empresas también pudieron transferir el alza de 20% que experimentaron la lata y otros insumos como el aceite. Y a su vez, se normalizó el suministro de atún en lata en distintas presentaciones e ingredientes a los comercios al detal.
Pero la respuesta de los consumidores no ha sido la esperada. Cálculos de la Cámara Venezolana de Enlatadores de la Pesca indican que este año el consumo de atún no crecerá.
'En 2007 las empresas suministraron al mercado al detal 46.500 toneladas. Este año se prevé que cierre en esa misma cantidad. No hemos visto una mejora en el consumo, al contrario percibimos que hay una desaceleración de las ventas', señaló Emilio Abreu, director ejecutivo de Cavenpesca.
Explicó que entre julio y septiembre las ventas no crecieron debido a la temporada vacacional. Pero entre octubre y noviembre no se percibe una recuperación de la demanda y tradicionalmente en diciembre el consumo se inclina hacia las carnes rojas y las aves.
'Pese a esta situación las empresas están haciendo esfuerzos para vender más', agregó Abreu, quien indicó que en el caso de la sardina se comercializaron el año pasado 9.000 toneladas, y al cierre de 2008 la expectativa es que no se logre alcanzar esa cantidad. 'Hay un problema con la disponibilidad de la especie y eso ha afectado el suministro del producto enlatado', dijo.
Preocupaciones legales.
Las empresas que procesan productos del mar, han manifestado sus reservas con respecto a la nueva Ley de Pesca y Acuicultura. Abreu indicó que al declarar la captura de utilidad pública se estaría corriendo el riesgo de que el Estado inicie un proceso de expropiación y confiscación del recurso.
El sector privado espera que el Gobierno garantice el respeto a la propiedad y promueva la inversión en lugar de aplicar medidas en contra de la industria.
'Si el recurso pesquero es propiedad del Estado, entonces el pescador no es propietario de lo que pesca. Esta es una amenaza que pende sobre el sector pesquero y que a la larga puede afectar también a la industria', advirtió. REGRESAR |
| Fecha publicada: 19/11/2008
Fuente: El Nacional
Tema: comida
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