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Al cumplirse 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un conjunto de organizaciones no gubernamentales del país y Amnistía Internacional solicitaron la designación de un relator especial de la Organización de Naciones Unidas para atender el problema de las cárceles.
Para graficar la realidad de derechos humanos los oroganizadores del evento simularon un calabozo en el que estaban presos los distintos derechos que se violan en Venezuela.
La carta con la correspondiente petición, dirigida a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Naivy Pillay, comenzó a ser suscrita ayer durante un seminario en el que fue analizada la situación penitenciaria del país.
La iniciativa surgió del Observatorio Venezolano de Prisiones.
El coordinador nacional de esta organización, abogado Humberto Prado, explicó que actualmente los casos de abusos en prisiones son conocidos por la relatoría contra la tortura.
'Un relator para las personas privadas de libertad atendería exclusivamente a situaciones como las que se han planteado en Guantánamo, países de África y en Venezuela, tanto en las cárceles ya reconocidas como en las que se mantienen en secreto', explicó.
Prado señaló que hasta finales de noviembre habían fallecido en las cárceles del país 410 internos, y otras 1.200 personas resultaron heridas en reyertas y supuestos enfrentamientos con las autoridades.
Según sus cálculos, las muertes reportadas en las prisiones del país desde 2007 equivalen a la población completa de una cárcel promedio. Esto, a su juicio, refleja el alto nivel de inseguridad y la constante violación de los derechos humanos en estos recintos.
Cuentas pendientes.
El director de Amnistía Internacional para Venezuela, Marcos Gómez, anunció el apoyo de esa institución a la solicitud de un relator de la ONU para los privados de libertad.
Dijo que el Estado venezolano 'tiene muchas cuentas que rendir en cuanto a la situación carcelaria, y eso es algo que nos afecta a todos'.
'Si los presos no pueden reeducarse y pagar sus deudas con la sociedad, se verá afectada directamente la seguridad ciudadana', advirtió.
Indicó que la actuación de la Guardia Nacional en las instituciones penitenciarias ha sido lamentable. Observó que durante los últimos sucesos en las cárceles se ha reportado el uso de armas de guerra, como fusiles y granadas, por parte de los presos.
'Si la Guardia Nacional hiciera su trabajo, esas armas no estarían en las cárceles', afirmó.
Gómez añadió que esta razón es suficiente para que la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada se involucre en las operaciones de desarme dentro de las prisiones.
En las cuentas de Amnistía Internacional, desde el año 2000 casi 3.000 reclusos han muerto en las cárceles venezolanas, y otros 10.000 han resultado heridos.
'Adicionalmente, se presentan problemas endémicos, producto del enorme hacinamiento, la pésima atención alimentaria y las dificultades para acceder a una justicia pronta y oportuna', dijo.
Explicó que en las cárceles hay grupos que son especialmente vulnerables como los de mujeres, jóvenes, extranjeros o presos políticos, que 'sufren condiciones de reclusión contrarias a las acordadas en los estándares internacionales relativos a la adecuada clasificación, separación y acceso a la asistencia jurídica'.
Penitenciaristas ociosos.
El criminólogo Elio Gómez Grillo y Prado coincidieron en señalar que la situación carcelaria del país se aliviaría mediante la aplicación de las disposiciones legales vigentes.
Gómez, fundador del Instituto Universitario de Estudios Penitenciarios y ex constituyente, recordó su regocijo cuando fueron aprobadas por unanimidad las normas constitucionales sobre la descentralización de las cárceles (artículo 184), su manejo por personal capacitado y la preeminencia de los regímenes abiertos sobre los que imponen la privación absoluta de la libertad (artículo 272). 'Pero actualmente eso no es más que letra muerta', sentenció.
Dijo que el Iunep ha graduado a más de 800 especialistas en asuntos penitenciarios. De ellos, solamente 20 están siendo empleados por el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Los demás han encontrado con facilidad un trabajo en el ámbito privado. Lo que para él es contradictorio, pues se trata de un personal formado para atender las necesidades del Estado.
Indicó que el instituto fue intervenido y desmantelado. La última promoción recibió un curso abreviado, y salió la semana pasada.
Gómez Grillo indicó que el mundo avanza hacia la desaparición de las cárceles. Explicó que el concepto de la privación absoluta de la libertad quedará restringido a los delincuentes violentos, que no tienen ningún remedio. De resto, se impone el criterio de la 'cárcel abierta', donde los internos no son vistos como presos sino como residentes.
Sostuvo que las cárceles masivas, que albergan a miles de personas, tienden a desaparecer, y son reemplazadas por establecimientos con un máximo de 250 reclusos, plenamente conocidos por el director del establecimiento.
Para el criminólogo, son inútiles las comisiones designadas por el gobierno cada vez que los presos plantean una crisis.
'Esta situación solamente será superada cuando las mafias salgan de las cárceles'.
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