Asistimos a un nuevo capítulo de una dicotomía que tiene doscientos años viva: centralismo-federalismo. La primera Constitución Nacional, la de 1811, redactada por Roscio e Isnardi, era de corte federal, inspirada en la de Estados Unidos, pero a Bolívar no le satisfacía y la cambió por la de Angostura, en 1819, redactada por él y de impronta centralista. Luego, la de 1830, bajo la égida de Páez, fue ecléctica: suerte de balance entre el centralismo y el reconocimiento de autonomía para las provincias.
A lo largo de todo el siglo XIX nos debatimos entre estos dos polos que, a su vez, se acompañaban de otros matices. Con frecuencia el espíritu centralista fue autoritario y militar, aunque otras veces el descentralizador fue auspiciado por militares civilistas: Páez y Soublette. No es menos cierto que la Constitución más democrática hasta su momento, la de 1858, fue impulsada por un militar: Julián Castro. También es verdad que el cambio más descentralizador fue obra de un hombre de armas: la federación de Juan Crisóstomo Falcón. Esto ejemplos nos conducen a señalar que no siempre los militares han sido centralistas, que también han sido punta de lanza de la descentralización.
Hemos visto piruetas extrañas: Guzmán Blanco llega sobre el caballo de la federación al poder, pero con el paso del tiempo busca concentrar todo el poder en sus manos. Luego, Castro se alza para restituir la violada Constitución de 1893 que recogía el espíritu de la de 1858, pero ya después adelantó sus propias reformas que lo perpetuaban en el mando. Lo mismo hizo su compadre Gómez, y el federalismo del siglo XIX sucumbió ante el embate centralista que los otros presidentes de la hegemonía militar tachirense no modificaron.
Tampoco se inclinaron por reformas descentralizadoras los constituyentistas de 1947: se daban por satisfechos con la reforma del sistema electoral que abrió la puerta a los partidos políticos de masas y, además, convirtió a la mujer venezolana en sujeto político; hecho completamente inédito en nuestra historia republicana.
Los redactores de la Constitución de 1961 siguieron lo ya alcanzado en la de 1947 y no avanzaron en el camino de la descentralización. Al parecer, creyeron que no era el momento, dicen que no se advertía como una demanda popular. El reconocimiento de la voluntad del pueblo para la elección de los gobernantes de los estados y municipios, así como la transferencia de competencias del Estado central a las circunscripciones descentralizadas, se hizo en 1989, gracias a un pacto entre los dos candidatos principales en las elecciones de 1988, Eduardo Fernández y Carlos Andrés Pérez, a instancias de la Copre.
Me cuento entre los que creen que ha debido hacerse antes, mucho antes, junto con otras reformas que clamaba el sistema político venezolano de entonces, pero prevaleció la miopía por encima de la visión de largo alcance.
Es un hecho que no necesita demostración que la descentralización es un paso fundamental de la democracia venezolana; también lo es que las fuerzas reaccionarias que gobiernan quieren regresar al pasado, dominados por su inquina conservadora, pero esto lo hacen enarbolando la bandera de la 'revolución'. La necesidad de concentrar las decisiones para gobernar mejor es un argumento insostenible, esto lo saben hasta las piedras. Las tendencias mundiales en esta materia, tanto del mundo liberal como del socialdemócrata, apuntan hacia la descentralización. El fascismo trasnochado no. Es evidentísimo que la nueva Ley de Descentralización contraría la Constitución de 1999. Lean los artículos violados. No cabe otra interpretación.
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