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El abogado del alcalde Manuel Rosales, Álvaro Castillo, insistió en que no están dados los supuestos exigidos por el Código Orgánico Procesal Penal para que el juicio se lleve a cabo en una jurisdicción distinta al estado Zulia, tal como lo solicitó el Ministerio Público.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, amenazó esta semana con interponer ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de avocamiento o radicación para realizar el proceso en otro estado del país, si se altera el orden público en el estado Zulia.
'Rosales es un líder nacional que le dio la vuelta al país varias veces y que obtuvo el apoyo de 5 millones de personas. Habrá manifestaciones en cualquier ciudad donde vaya a ser juzgado', afirmó Castillo.
Advirtió que el escándalo lo inició la fiscal undécima Katiuska Verioska Plaza Brito, a la que acusó de montar un show para anunciar una privativa de libertad al alcalde marabino.
A juicio del defensor, el escrito de Plaza posee una gran contradicción, pues al principio incluye razonamientos por los cuales considera improcedente una medida privativa de libertad y sugiere una medida cautelar sustitutiva como la prohibición de salida del país.
'Ella dice: `En el presente caso, el Ministerio Público considera que por el principio pro libertatis lo procedente es aplicar una medida menos gravosa como la prohibición de salida del país' indica Castillo pero al final incurre en un error, pues pide la privativa de libertad. ¿Quién puede entender esto?'.
El Juzgado Primero de Control tiene programado para mañana la celebración de una audiencia especial para debatir acerca de un recurso de nulidad que cursa ante la Sala Político Administrativa del TSJ, en contra del acto administrativo de la Contraloría General de la República que dictaminó que el alcalde Rosales no pudo justificar ingresos por 147 millones de bolívares, entre los años 2002 y 2004.
Toda la actuación de la fiscal Plaza descansa en ese informe, sin embargo, la palabra final la tendrá el TSJ.
'Eso es perjudicial a la cuestión penal porque el fundamento de la acusación es el acto administrativo del ente contralor y si la máxima corte declara la nulidad de éste, entonces no hay lugar al enriquecimiento ilícito', aclaró.
Violación. Rosales y el grupo de abogados que lo asesoran, entre quienes figuran Morris Sierralta, Ney Molero y Magaly Vásquez, además de Castillo, denunciaron la persistente violación del derecho a la defensa.
Atribuyen la imputación en su contra a una orden directa del presidente Hugo Chávez.
Castillo insiste en que se trata de un problema político.
'La idea es destruir a Manuel Rosales, pero esa acusación es nula por los vicios que presenta la investigación', indica.
Al referirse a lo que ocurrirá en el futuro inmediato, el abogado se muestra optimista: 'Aunque está muy cuestionada, tengo fe en la autonomía judicial y le recuerdo a los jueces que sólo le deben obediencia a la ley y al derecho. No puedo adelantar si va a prevalecer la justicia o la arbitrariedad'.
Otro aspecto que está en revisión es la solicitud de investigación penal hecha por la defensa de Rosales en contra de Mario Isea, el diputado al que acusan de haber utilizado grabaciones telefónicas de manera ilegal durante una sesión de la Asamblea Nacional.
Una sentencia firme en contra de Rosales provocará una vacante definitiva y obligará a realizar una nueva elección para la Alcaldía de Maracaibo.
Pero si el mandatario local decide abandonar su cargo para afrontar la acusación, generará una vacante temporal que permitirá el surgimiento de un alcalde interino.
'Rosales quiere llevar esto hasta sus últimas consecuencias y sabe que cuenta con el respaldo de todos los sectores del país', añadió Castillo.
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| Fecha publicada: 22/03/2009
Fuente: El Nacional
Tema: politica
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