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Ramón Jiménez, nacido en Medellín hace 45 años, no se arrepiente de haber pagado 400 bolívares fuertes para que lo trasladaran de manera ilegal desde Colombia hasta Maracaibo para trabajar en Venezuela.
Considera que la inversión que incluyó el viaje de su esposa y su hijo de 5 años de edad valió la pena, aun cuando no cuenta con documentación ni protección laboral.
El dinero lo entregó a una mafia que opera en la frontera con Colombia dedicada a la trata de personas que cuando llegan a Venezuela son víctimas de explotación laboral, pues son obligadas a trabajar hasta 18 horas al día sin descanso.
Jiménez viajó con la promesa, finalmente honrada, de que sería empleado en esta lado de la frontera. En territorio venezolano a los indocumentados los espera una persona que es un eslabón más de la cadena delincuencial y que los distribuye junto con otros colombianos en sus sitios de trabajo.
'Aquí se vive mejor que en Colombia. Acá la gasolina no vale nada, está a precio de gallina flaca. También están los programas sociales del Gobierno de Chávez que nos permiten cedularnos, nacionalizarnos y hasta estudiar', señaló un inmigrante a representantes de derechos humanos que han conocido diversos casos.
Hace dos semanas comisiones de la Guardia Nacional y la policía de Zulia detectaron en el municipio La Cañada, en los límites de San Francisco y Maracaibo, unas barracas donde pernoctaban 56 colombianos.
Ninguno tenía documentos de identidad y estaban en condiciones deplorables, guarnecidos bajo el techo de un galpón deteriorado. Eran jóvenes que se encontraban al servicio de una empresa dedicada a la cría de camarones, sin el amparo de la legislación laboral.
Luego del hallazgo el Ministerio Público imputó al dueño de la compañía camaronera Pisicar, Nebido Parra, así como a su administradora, Luz Estela Ojeda, por la presunta comisión del delito de trata de personas con signo de explotación laboral. Ambos enfrenta una pena de entre cuatro y ocho años de prisión, de acuerdo con la acusación de la fiscal 46° del estado Zulia, Blanca Tigrera.
Fuentes del consulado de Colombia en Maracaibo informaron que el grupo de indocumentados fue deportado vía terrestre a su país el viernes pasado. Fueron recibidos por una comisión del Departamento Administrativo de Seguridad.
La Fiscalía aún adelanta la investigación sobre el caso para determinar en qué condiciones ingresaron al país estas personas. Se conoció que las autoridades harán experticias y cruces de llamadas de varios teléfonos celulares decomisados en el lugar donde residían los indocumentados.
Entre camarones. Rosana Espera, funcionaria de la Defensoría del Pueblo asignada al caso, informó que los investigadores sospechan que existen más lugares similares a esa granja donde se explota laboralmente a extranjeros. 'Así como estaban esas personas hay otros grupos. Son empresas que están adentradas en partes donde no hay mucha civilización. Son principalmente de criaderos de camarones', especificó.
Estas compañías son abastecidas de mano de obra barata por las mafias que se encargan de contactar a colombianos interesados en emigrar a Venezuela y los trasladan de forma ilícita con la promesa de trabajo seguro y documentos de identificación. La realidad es otra, más inhumana que la viven en su país.
Jorge Govea, promotor de derechos humanos en el estado Zulia, reconoce que el fenómeno de la trata de personas y la explotación laboral no se ha frenado en el ámbito internacional pese a los esfuerzos conjuntos de países y organizaciones. 'Esas personas son conocidas en el Derecho Internacional como emigrantes económicos. Es gente que pasa la frontera ilegalmente de un país a otro no por razones políticas, por religión o por motivaciones bélicas, sino que van buscando mejoras para su condición económica', sostuvo.
Al ingresar a territorio venezolano los inmigrantes sufren atropellos. Hombres, mujeres e incluso niños ven afectadas sus prerrogativas laborales, les dan sueldos muy bajos, jornadas extenuantes de hasta 18 horas al día, no tienen derecho a la sindicalización, entre otras violaciones.
'Esta explotación significa una merma en la dignidad de esas personas porque no tienen personalidad jurídica', resaltó Govea.
A las autoridades les resulta casi imposible seguirle la pista a casos como el de Ramón y su familia, pues los involucrados ingresan al país por medio de un universo delincuencial que funciona a las sombras, generalmente alentado por la corrupción de los cuerpos de seguridad en la frontera.
Las tarifas por los servicios que ofrecen estas bandas varían de acuerdo con el número de integrantes del núcleo familiar, hacia dónde se dirige el emigrante, si además desea documentos de identificación o si aspira a un trabajo garantizado.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos de Colombia y Venezuela reciben con regularidad denuncias referidas a la trata de personas y a la explotación laboral en los municipios fronterizos.
'Es difícil cuantificar los casos porque son actividades subterráneas', acotó el promotor.
Ocurren en estados fronterizos como Táchira, Apure y Zulia, donde se dedican, por ejemplo, a trabajos agropecuarios en haciendas. La mayoría ingresa al país por tierra desde Maicao o Casigua El Cubo.
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| Fecha publicada: 26/03/2009
Fuente: El Nacional
Tema: politica
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