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Un grupo de organizaciones civiles rechazaron ayer 'el despojo a la provincia' impulsado por el gobierno central con la reforma a la Ley de Descentralización, así como las 'medidas anticrisis' anunciadas por el gobierno la semana pasada.
Durante una rueda de prensa que contó con la presencia del Grupo La Colina, el Instituto Gual y España, el Instituto de Altos Estudios Sindicales y la Red Democrática Universitaria, se leyó un comunicado en el que estas organizaciones hicieron un llamado a la unidad y la 'convergencia frente a la inconstitucionalidad del gobierno autocrático y militarista'.
De igual manera, rechazaron la ocupación militar de puertos y aeropuertos en Táchira y Zulia e insistieron en las ventajas de la descentralización para el ciudadano común, además de aclarar que la centralización afecta 'no sólo a opositores, sino a los mismos oficialistas'.
Los asistentes, entre los que se contaron Pompeyo Márquez y Américo Martín, aprovecharon para rechazar la 'persecución política ordenada desde Miraflores', cuyo objetivo más reciente es, según aseguran, el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales. Agregaron que el Ejecutivo y el Ministerio Público 'actúan en trinquete' con la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y alertaron sobre la posibilidad de que Rosales no sea el único opositor en ser perseguido judicialmente. 'Otros mandatarios de oposición están en la mira del déspota de Miraflores', aseguran en el documento.
NO COMPENSA LA INFLACIÓN
Otra parte del documento leído por las organizaciones civiles rechazó el paquete de medidas económicas anunciadas por el presidente Chávez el sábado pasado. Al respecto, aseguraron que se trató sólo de una parte de las medidas previstas y que el gobierno se acobardó 'por las reacciones previas a los anuncios que se habían colado.
A juicio de los miembros de estas organizaciones civiles, el gobierno 'le mete la mano al bolsillo de los venezolanos' al aumentar tres puntos de IVA.
También lamentaron el fraccionamiento del aumento salarial en dos partes, que 'no servirá para compensar la inflación de 31% del año pasado.
Por último, hicieron un llamado a 'incorporarse y unirse a las iniciativas para preservar las competencias de los estados', y condenaron el fin de la libertad sindical y de los derechos a huelga y manifestación. REGRESAR |
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