En la vigencia de un Estado de Derecho y acatamiento del orden y normativas jurídicas, en este prolongado juicio en el que se ha evidenciado mediante evacuación de pruebas y experticias técnicas, la única decisión en justicia es la absolución y libertad plena de los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero.
El planteamiento resume la posición de María del Pilar de Simonovis, Yajaira de Forero e Ivón de Vivas, esposas de los ex jefes policiales detenidos y procesados por los trágicos sucesos del 11 de abril 2002; fecha en la que una multitudinaria manifestación en protesta a nuevas legislaciones, políticas y a acciones que marcaban el inicio y rumbo en un profundo cambio del modelo político, económico y social que convulsionaba al país.
El detonante fue la destitución en cadena nacional de radio y televisión de los principales de la industria petrolera y que llegaría a más de 20 mil despedidos.
Inicialmente la manifestación pública tenía como propósito evidenciar ante la opinión pública, nacional e internacional, el rechazo a la decisión del Alto Gobierno de 'intervenir' la dirección y estructuras gerenciales y técnicas de la estatal Petróleos de Venezuela, que hasta entonces se había regido en sus escalafón en la llamada política de 'meritocracia' para la promoción y ascensos de sus cuadros hasta los más altos niveles, al margen de las influencias político-partidistas en el modelo de la democracia representativa.
Ya el país venía de vivir fuertes protestas sociales por nuevas disposiciones en la Constitución de 1999; fundamentalmente adelantadas a través del otorgamiento, por parte de la Asamblea Nacional al presidente de la República, mediante Ley Habilitante por año y medio. Factor crítico, las 49 leyes-decreto en materias económicas y que el sector empresarial consideraba lesivas a las libertades económicas y a la propiedad, lo que provocó un paro empresarial de tres días.
A tales acciones de rechazo se irían sumando reacciones adversas en otros estamentos sociales contra el control de la educación, incluso privada, por el Estado; pronunciamientos individuales y sucesivos de altos oficiales de las Fuerzas Armadas a lo que ya consideraban vulneración de principios constitucionales, institucionales y de desnaturalización política de la organización.
Las medidas sobre Pdvsa fueron particularmente escabrosas, primero, con la imposibilidad del economista Gastón Parra para asumir y ejercer la Presidencia de la empresa; y posteriormente de su sucesor Alí Rodríguez, para lograr un entendimiento con la dirigencia petrolera incluidos sus federaciones y sindicatos.
El sector empresarial ahora con abierto y pleno respaldo de la central sindical CTV, declararon un paro económico indefinido; situación que se agudizó con la adhesión pública de paralización de la flota petrolera, cuyos tanqueros fueron tomados militarmente y detenidos sus capitanes y otros tripulantes.
MANIFESTACIÓN DESBORDADA
La muchedumbre inicial había marchado desde los alrededores de la base militar Francisco de Miranda hasta la sede de Pdvsa, en Chuao. En vista de la creciente agitación de malestar colectivo, el Alto Gobierno ordenó a los mandos de la Guardia Nacional emplear efectivos antimotines para dispersar la concentración con gases lacrimógenos, peinillas y perdigones, si fuese necesario. Los generales Carlos Alfonso Martínez y Damiani Bustillos, rechazaron ejecutar las órdenes.
Los ánimos caldeados, aún se discute quienes formularon el llamado, hubo voces que arengaron a marchar a Miraflores, para tomar el palacio gubernamental y forzar la dimisión del presidente de la República, quien en súbita cadena nacional llamaba a la calma y aseguraba que la situación estaba bajo control. En contradicción a imágenes televisadas, en pantalla partida, que mostraban ya el avance enardecido de la multitud; y las acciones de contención de la Policía Metropolitana, con sus vehículos antimotines, en medio de la manifestación de rechazo al sur de la avenida Baralt y grupos civiles oficialistas al norte, especialmente desde arriba del Puente Llaguno. Hacia las inmediaciones de El Calvario se alternaban policías y mayormente efectivos de la Guardia Nacional, algunos accionando sus armas de fuego. La rebelión estaba sofocada al anochecer y en las 48 horas siguientes se afinaría el trágico balance: 19 ciudadanos muertos y otras 130 personas heridas.
LAS ESPOSAS DE LOS COMISARIOS
Yajaira Castro de Forero, comisaria de la PM y abogada penalista, estima que: 'Si hubiere un Estado de Derecho no habríamos llegado a esta etapa del juicio con los comisarios, y los otros ocho funcionarios de la PM, privados de libertad sino que se habría dictado una cautelar sustitutiva. Pero hay una orden para atribuirles haber dado órdenes de disparar y suministrar armas el 11 de abril'.
De los otros ocho ex funcionarios de la PM, tres de ellos han admitido que sí usaron sus armas, pero que dispararon al aire al verse en la necesidad. Entre ellos el cabo Arube Pérez y el inspector Rovaín a quienes, sin embargo, se ha determinado que no mataron, hirieron ni dañaron a persona alguna, acota la señora de Forero.
Volviendo al caso de los comisarios, enfatiza la declarante que, tanto las experticias de las balas extraídas de los cuerpos de la víctimas como de las armas de los funcionarios policiales, resultaron negativas.
María del Pilar Pertinez -Boni- de Simonovis, también abogada penalista, reitera que procesal y científicamente 'se ha demostrado en el expediente que , en un 85 por ciento, pruebas y elementos de convicción sen favorables a la defensa, como lo ha admitido la propia Fiscalía. 'Después de casi siete años no se ha determinado la culpabilidad por los sucesos del 11 de abril, porque ha habido un cerco sobre qué pasó realmente'.
No obstante, la doctora Simonovis no puede evitar el escepticismo sobre la eventual decisión de la jueza Calderón 'casada con un dirigente del PSUV y quien cumple una directriz política, que no de derecho'. Pero, aún confía que los dos escabinos que complementan el tribunal colegiado asuman su responsabilidad antes que el compromiso político y deslastrar así una decisión imparcial.
La señora Ivón de Vivas ha mantenido una perfil más discreto de aparición a través de los medios de comunicación. Aunque en sus declaraciones ha sido categórica. 'Mi esposo no es ningún asesino. Ha trabajado y le ha entregado su vida a la Policía Metropolitana. El 11 de abril, lo que hizo fue salvar vidas y la recompensa ha sido estar tras las rejas'.
FAMILIAS Y AUSENCIAS
Indudablemente doloroso, traumático para sus esposas e hijos, este angustioso período de cinco años de cárcel de los comisarios, pese a las reiteradas y sostenidas evidencias de inocencia en los hechos que se les imputan.
En el caso de Simonovis su pequeños van pasando de la niñez a la pubertad, en ausencia de su padre. Odalis, hija de los comisarios Yajaira Castro y Lázaro Forero, el lunes recibió su título como abogada, mientras se cumplía otra interminable audiencia contra su papá. En tanto, la odontóloga Dayana Vivas cumple a diario su labor profesional y se prepara para su próxima boda abrigando la esperanza de que para ese momento su padre haya recuperado su libertad. 'Esto ha sido, y es, muy difícil para todos pero especialmente para mi mamá. Ella sigue firme en mantener la integridad de la familia, en la que mi padre es pilar. Inquebrantable cuando afirma... aquí estoy y seguiré firme hasta el final con mi esposo'.
JUSTICIA SESGADA
La doctora Forero ejemplariza el sesgo de la justicia, cuando en situación similar, y por el mismo caso, los ciudadanos Richard Peñalver, concejal por PSUV; Atencio Molina; ex funcionario gubernamental y el activista Cabrices, sindicados como parte de 'los pistoleros de Puente Llaguno', fueron sometidos a juicio en libertad. Luego de la promulgación presidencial de la Ley de Amnistía, en diciembre de 2007, quedaron en libertad plena.
Contrariamente, el 14 de marzo de 2008, fue negado el sobreseimiento de la causa por amnistía a los comisarios de la Policía Metropolitana, Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis, en una decisión tomada por el Tribunal Cuarto de Juicio del estado Aragua, a cargo de la jueza Marjorie Calderón. Iván Simonovis fue detenido en noviembre de 2004. Lázaro Forero y Henry Vivas, en diciembre del mismo año, después que El Salvador les negara asilo político.
Pero con anterioridad habían sido detenidos, todos el 19 de abril 2003, los ex funcionarios de la PM: agente Erasmo Bolívar; distinguido Luis Molina Cerrada; cabo primero Ramón Zapata Alonso; cabo primero Arube Pérez Salazar; sargento primero Rafael Neazoa López;subcomisario Marco Hurtado; inspector Héctor Rovain; y el sargento mayor Julio Rodríguez.
La comisaria y abogada Castro de Forero refiere entre otras irregularidades del proceso, la demostración probatoria que a los ex funcionarios Rovaín y Arube no se les pudo comprobar 'corresponsabilidad correspectiva' puesto que no dispararon sus armas contra la misma persona. Como tampoco en los casos de Hurtado y López, a quienes se les atribuye haber actuado en la avenida Baralt, entre Piñango y Puente Llaguno, cuando el primero dirigía la custodia de la Comisaría de la PM, en El Calvario y, el segundo estaba entre las esquinas de Maderero y Plaza Miranda.
EN ESPERA DE DECISIÓN
Después de casi cinco años de prisión, y más de cuatro en proceso, el Tribunal IV de Control del Circuito Judicial de Aragua, escuchó el lunes y martes, de esta semana, las conclusiones de los fiscales del Ministerio Público y la parte querellante, en el juicio a los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, por los violentos sucesos del 11 de abril 2002. Hubo receso, para que el jueves la defensa pudiese ejercer su derecho a contrarréplica. Oportunidad en que contemplaría, además, el derecho de palabra a víctimas y acusados para que brevemente dejaran sentados sus alegatos.
Previsto que al final de la audiencia 230, la jueza Majorie Calderón, y los dos escabinos que completan la magistratura colegiada, pasaran a deliberar, para emitir sentencia en plazo no mayor de 48 horas.
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