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A casi siete años de los sucesos del 11 de abril de 2002, l6 de las 19 muertes permanecen impunes. Sólo por los decesos de Ruddy Pérez, Erasmo Sánchez y Josefina Rengifo han estado presos y acaban de ser condenados los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, así como seis funcionarios de la Policía Metropolitana que intervinieron en el desenlace de la marcha opositora que se dirigía al Palacio de Miraflores para exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez.
El más reciente reporte del Ministerio Público es casi idéntico al ofrecido en abril de 2008. Sólo se refiere el estado de tres causas, sobre las cuales no ha habido avances significativos en el último año.
El próximo 24 de abril se llevaría a cabo la audiencia (que está pendiente desde hace un año) para debatir la acusación fiscal contra el coronel de la Guardia Nacional Juan José Gómez Angulo, a quien se le responsabiliza de las muertes de Nelson Zambrano, Luis Alberto Caro y Luis Monsalve, así como de las heridas sufridas por José Majano. Gómez Angulo no está preso a pesar de que fue acusado de los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de frustración y uso indebido de arma de fuego. Por esos mismos cargos, la jueza cuarta de juicio, Marjorie Calderón, impuso ayer penas hasta por 30 años de cárcel.
En cuanto a la muerte de Jhony Obdulio Palencia, el Ministerio Público recordó que hay cuatro funcionarios de la Guardia Nacional acusados: Luis Carrero, Carlos Díaz, Elys Jaimes y Luis Rodríguez. Éstos también serían responsables de la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego. Sin embargo, no están presos. El pasado 19 de marzo fue diferida la audiencia para determinar la procedencia de la acusación fiscal formulada hace dos años. Y todavía no hay una nueva fecha para la celebración de dicha audiencia.
Por el asesinato del reportero gráfico Jorge Tortoza sólo han sido imputados los funcionarios de la Policía Metropolitana Miguel Landaeta, por el delito de alteración del acto verdadero; y Mario Ortiz, por apropiación indebida calificada en grado de continuidad y concusión; así como la ex fiscal del Ministerio Público Laila Hidalgo, por encubrimiento en el delito de homicidio calificado. Llama la atención que en esta causa no se han hecho imputaciones por la autoría material del homicidio. En otras palabras, se está más lejos de saber quien mató a Tortoza.
Una rendición de cuentas más completa se hizo en julio de 2007 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de la denuncia contra el Estado venezolano por los homicidios de Jesús Capote, Jhonny Palencia, Jesús Arellano, Orlando Rojas, Juan Querales, José Gamallo y Víctor Reinoso.
Hace dos años, los casos de Capote, Arellano y Rojas permanecían en etapa de investigación preliminar, lo cual significa que el Ministerio Público no ha podido individualizar responsabilidades. Aunque la Fiscalía no ha vuelto a informar sobre estas tres muertes, se supone que continúan los esfuerzos para que no sigan impunes. No obstante, persiste el riesgo de que, por falta de pruebas, se decida archivar los respectivos expedientes, como ocurrió en los casos de Querales, Gamallo y Reinoso.
La Fiscalía también parece haber olvidado las muertes de José González Revette, Pedro José Linares, César Matías Ochoa, Ángel Luis Figueroa y Alexis Bordones. Pero el Gobierno, principalmente, y todos los actores que agitan la opinión pública se han encargado de mantener vivo en la memoria de todos los venezolanos el recuerdo y la sensación de impunidad sobre la tragedia del 11-A.
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| Fecha publicada: 04/04/2009
Fuente: El Nacional
Tema: politica
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