Axioma fundamental del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática es que sin Justicia real, verdadera, intangible, no existe el uno ni puede hablarse de la otra.
Es el caso de la Venezuela de nuestros días, de estos días que ya suman diez años tenebrosos de gobierno inepto, militarista y corrupto. En el decurso de los cuales el golpista-presidente se ha adueñado, a la diabla, del control de todos los poderes públicos, pero fundamentalmente del poder responsable de preservar la Justicia y de impartir Justicia.
No son lucubraciones oposicionistas. Todo el Poder Judicial, desde el Tribunal Supremo de Justicia hasta el más lejano tribunal de aldea, así como la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, se han devaluado paulatinamente hasta transformarse en simples instrumentos incondicionales de la vocación de dominio absoluto y vitalicio del golpista-presidente.
En todas sus instancias, desde la inferior hasta la máxima, el Poder Judicial no actúa sino en función de los intereses personales, políticos y crematísticos del golpista-presidente. Por tal razón no es dable esperar el enjuiciamiento ni la correspondiente sanción de los delincuentes, sean comunes o de cuello blanco. Por el contrario, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y los tribunales protegen celosamente a los delincuentes comunes -asesinos, ladrones, secuestradores, violadores, estafadores- a la vez que persiguen sañudamente a los adversarios del golpista-presidente por el solo hecho de serlo, de pensar en venezolano y como venezolanos contra el desgobierno inepto, militarista y corrupto que está destruyendo al país material, cultural, moral, espiritual y económicamente.
¿Ejemplo irrebatible? El de los comisarios Vivas, Forero y Simonovis y los otros ocho funcionarios policiales mañosamente enjuiciados por los sucesos del 11 de abril de 2002. Ya suman varios años de prisión. El juicio correspondiente ha sido tramposamente interrumpido, unas veces por la Fiscalía, y otras por la jueza responsable del caso, para postergar, sine die la inevitable sentencia absolutoria. El juicio fue arbitrariamente radicado fuera de Caracas para facilitar las dolosas maniobras judiciales en contra de los inculpados. En cambio, a los pistoleros de Puente Llaguno, se les juzgó, se les sentenció y se les liberó en un abrir y cerrar de ojos.
¿Y el caso Anderson? El inefable exfiscal general Isaías Rodríguez, hasta se inventó un presunto 'testigo estrella' -tratado a cuerpo de rey por el gobierno inepto, militarista y corrupto del golpista-presidente para terminar en el olvido del asunto. ¡Así serán de graves e incriminarias las cosas ocultas tras el asesinato del fiscal Anderson cuando la 'justicia' del gobierno inepto, militarista y corrupto del golpista-presidente está terminando por sepultarlas en el más inviolable silencio!
¿Y qué decir del caso del jefe del grupo terrorista 'La Piedrita', Valentín Quintana? Está acusado de asesinato, de hechos criminales, de terrorismo, siempre bajo el patrocinio del golpista-presidente. La Fiscalía se cruza de brazos frente a su caso, al par que persigue a Manuel Rosales con diligencia envidiable.
En el tope, el Tribunal Supremo, rubrica la total ausencia de Justicia que caracteriza el trágico, el dramático presente venezolano. REGRESAR |
